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La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía a los fondos Burford Capital y Eton Park, así como al fondo Bainbridge que tiene una demanda aparte por el default de 2001 y a que la magistrada también le concedió acciones de la petrolera argentina.
El fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de su expropiación. La demanda se basa en que, según los estatutos de la empresa, cuando Argentina se quedó con el 51% que era de la española Repsol tendría que haber lanzado una oferta por todas las acciones, incluidas las de Petersen.
Ayer, el presidente Javier MIlei reiteró ayer en una entrevista, que "el fallo no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios, con lo cual no va a ocurrir".
En la línea que expresó el mandatario trasuntan los dos descargos que hizo el Gobierno en el juzgado de Preska. Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado se destacó la violación de la legislación nacional porque la entrega de las acciones va en contra de la legislación nacional.
También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.
En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.
La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.
También se argumenta que los demandantes (Bourford/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.
A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.
Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.
En respuesta al fondo Bourford Capital/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.