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La ruptura entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, evidenciada el jueves en el Senado de la Nación, en bien de la democracia y de la gente, debe ser corregida.
Es imprescindible que se entienda que controlar la inflación y garantizar el equilibrio social son indispensables para comenzar a superar la pobreza y mejorar la economía del país. Pero recordando que, sin paz social, ninguna solución financiera es sostenible.
Todos los proyectos, impulsados por la oposición y aprobados el jueves, contra la voluntad del Poder Ejecutivo, expresan necesidades reales de las personas y requieren un entendimiento entre la administración central y las provincias. No pueden ser abordados como una batalla por un trofeo, sino que es indispensable encontrar las fuentes de financiamiento genuinas que permitan cumplir con las obligaciones del Estado.
El equilibrio fiscal es indispensable para convertir a la Argentina en un país confiable. Milei heredó, por cierto, una serie de gastos y deudas acumulados por la mala praxis de las políticas inflacionarias. Corregir el dispendio supone sacrificios, pero con la llamada "motosierra" no basta. Clausurar es más fácil que construir.
Es imposible equilibrar las cuentas si las medidas se limitan a recortes de gastos. Al mismo tiempo hay que avanzar en una reforma tributaria que corrija distorsiones insostenibles que han contribuido, durante años, a achicar progresivamente la inversión productiva, desarrollando una economía paralela, no registrada. Esto, a su vez, llevó a que la administración estatal terminara convirtiéndose en empleador de última instancia, lo que generó un sistema espurio de clientelismo político. La reforma tributaria y una nueva coparticipación son problemas esenciales para resolver dialogando, sin teorías conspirativas.
El aumento que se aprobó para los jubilados, lo mismo que la prórroga de la moratoria previsional responde a necesidades reales. Aferrarse al dogma libertario, como antes se enarbolaban las banderas anticapitalistas, no resuelve los problemas reales de los seres humanos.
Los mismo puede decirse sobre la ley de Discapacidad. Si hubo abusos y oportunismos, hay que identificarlos, verificarlos y retirar el subsidio o la pensión. Pero sería inhumano correr el riesgo de dejar al desamparo a gente que no puede valerse por si misma ni cuenta con una familia que pueda afrontar el enorme costo de la discapacidad.
El diálogo entre el presidente y todos los gobernadores es la forma de acordar cómo se aplica el recorte de gastos, que es una obligación perentoria también para las provincias, y cómo se financian gastos indispensables. Por ejemplo, tanto el impuesto a los combustibles como el porcentaje de la recaudación dedicado a la asistencia del Tesoro Nacional (ATN) son recursos de las provincias que, a su vez, deben destinarlo por completo a obras públicas. Y sin obras públicas, la vida de vastos sectores de la población del país se ve severamente afectada.
Las disputas políticas y la radicalización ideológica han destruido el diálogo, las identidades y la representatividad de los partidos políticos. Ese debilitamiento se refleja en las conductas compulsivas de los gobernantes y las militancias. Y parece olvidarse que la Nación está por encima de los intereses particulares.
La elección de legisladores no va a resolver nada y será necesario, para el gobierno, los gobernadores y la oposición buscar acuerdos constructivos. Sería muy importante, entonces, que se reanude el diálogo antes de octubre; cualquiera sea el resultado, con el nuevo Congreso habrá que seguir buscando acuerdos.
La obsesión electoral, muchas veces, engaña. Nada de lo que ocurrió en el Senado va a modificar el voto de los ciudadanos. Pero sí es seguro que, si todos se sentaran ya a la mesa de diálogo, los argentinos podrán ir a votar pensando que la política es algo más que corrupción y reparto de privilegios.