inicia sesión o regístrate.
En una inesperada jugada internacional, el Gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump decidió intervenir judicialmente para respaldar a la Argentina en su intento por frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF, la petrolera estatal expropiada en 2012.
La presentación se formalizó como un amicus curiae, un instrumento legal utilizado por terceros independientes para aportar argumentos en causas judiciales que consideran de alto interés. El documento será remitido a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, con el objetivo de mantener suspendida la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado ceder los papeles de la compañía a fondos litigantes como Burford Capital y Eton Park.
Actualmente, la sentencia se encuentra suspendida de forma momentánea, mientras se desarrolla el proceso de apelación iniciado por el Estado argentino. La movida de Washington -que, según trascendió, responde a la gestión de Trump pese a que la administración actual es la de Joe Biden- busca garantizar que esa suspensión se mantenga durante todo el proceso judicial.
Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, este tipo de respaldo “le agrega argumentos favorables al apelante para que el tribunal sea persuadido y falle a su favor”. Aunque aclaró que el amicus no revierte el fallo millonario de US$16.100 millones, ni modifica la condena por la expropiación, sí tiene impacto sobre la urgencia de entregar las acciones, una medida considerada más grave por su implicancia sobre la soberanía.
“El Departamento de Justicia estadounidense considera que la entrega forzosa de acciones de una empresa estratégica como YPF afecta principios de inmunidad soberana”, detalló Maril. Este argumento había sido usado también por la administración de Joe Biden en 2023, cuando presentó un amicus para impedir que los fondos litigantes pudieran tomar control de activos clave del país sudamericano.
Aquel planteo fue ignorado por la jueza Preska, que falló en contra de la Argentina. Sin embargo, el nuevo respaldo internacional pone sobre la mesa un dilema geopolítico: ¿hasta dónde puede llegar una sentencia comercial sin vulnerar la soberanía de un país?
Maril insistió en que el interés estadounidense no está puesto en el juicio por expropiación -que se cerró en 2024 sin margen de apelación-, sino en la posible entrega de activos reales, como las acciones de YPF. “Ese punto preocupa más a Washington porque sienta un precedente que podría afectar a otros Estados”, agregó.
En ese sentido, el especialista recordó que los papeles de la petrolera nacionalizados durante el kirchnerismo continúan bajo control del Estado argentino, y que su cesión inmediata a un fondo de inversión podría implicar una injerencia directa sobre decisiones energéticas y de infraestructura.
El caso se reactivará en las próximas semanas, cuando la Cámara de Apelaciones defina si acepta mantener la suspensión hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, la Argentina suma un apoyo clave en el tablero internacional y gana tiempo para evitar un nuevo golpe a sus recursos estratégicos.
Este nuevo capítulo en la larga saga judicial por la expropiación de YPF pone en evidencia el delicado equilibrio entre la justicia financiera internacional y la soberanía de los países, y deja en suspenso una definición que podría marcar el destino de una de las empresas más importantes de la Argentina.