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El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró ayer la inconstitucionalidad del veto del presidente Javier Milei a la ley 27.793 de emergencia en Discapacidad, una iniciativa que había sido sancionada por el Congreso el 10 de junio último.
En la resolución, el magistrado dispuso "hacer lugar parcialmente a la acción de amparo" interpuesta por una familia con dos hijos menores con discapacidad y alegó que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias".
Gonzáley Charvay argumentó además en el fallo que los afectados por la medida "son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial".
Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.
Una consulta en los juzgados federales de Salta mostró que en la provincia hasta ayer no había sido presentado ningún amparo.
Tratados y prioridades
El Ejecutivo había fundamentado su decisión de vetar la ley al sostener que esa y otras iniciativas aprobadas por la oposición en el Congreso implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin que se detallara la fuente de financiamiento, de acuerdo al decreto.
Pero el magistrado determinó que el veto presidencial resultaba inconstitucional por desconocer los lineamientos establecidos en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, e incumplir compromisos asumidos en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La sentencia consideró que la motivación del decreto cuestionado era aparente y falaz, pues desconocía datos objetivos como las facultades de reasignación presupuestaria en cabeza del jefe de Gabinete y las constancias del regular trámite parlamentario.
Además, el juez rechazó el argumento del "equilibrio fiscal innegociable" derivado del Pacto de Mayo, al señalar que una política pública no puede contradecir obligaciones constitucionales y convencionales, especialmente cuando genera un resultado regresivo incompatible con el principio de progresividad en derechos humanos.
El fallo reafirmó que el Estado está obligado a cumplir los estándares que garantizan la protección integral de grupos vulnerables.
"La interrupción abrupta de los procesos educativos y terapéuticos especializados compromete severamente el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores, quienes requieren atención interdisciplinaria continua para alcanzar su máximo potencial", sostuvo el juez en uno de sus párrafos.
Y subrayó que el desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas "pone en riesgo la continuidad de tratamientos indispensables, vulnerando principios de igualdad, no discriminación y progresividad, e imponiendo las costas del juicio al Estado Nacional".
"Cabe concluir que la fundamentación del veto cuestionado y su consecuente resultado no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad, ya que afecta a niños, niñas y adolescentes en situación de doble vulnerabilidad", sostuvo el juez sobre la medida presidencial.
Una ley para cumplir con los derechos
El 10 de julio, el Congreso sancionó la ley que declara la emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027, que establece medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de los discapacitados.
La iniciativa apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, cuyos prestadores (hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas) venían siendo eje de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
Diputados debate en sesión especial
La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para mañana impulsada por bloques opositores para tratar los vetos del Gobierno a las leyes de discapacidad y de jubilaciones, y los proyectos impulsados por los gobernadores sobre la distribución de los ATN y la del impuesto a los combustibles.
La citación a la sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.
Para realizar esa sesión, los bloques opositores UxP, Democracia para Siempre y Encuentro Federal deberán tener asegurados los 129 legisladores para habilitar la sesión.
Uno de los puntos centrales será el veto de las leyes de emergencia de Discapacidad y el aumento de las jubilaciones: para que la oposición pueda insistir con su sanción original deberá tener los dos tercios.
En el oficialismo confían en mantener los votos para blindar el veto a la ley de jubilaciones.