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El Senado rechazará hoy el veto a la ley de Discapacidad y terminará así con un período de 22 años en que el Congreso no desafiaba al Poder Ejecutivo Nacional con el rechazo a un veto presidencial.
La última vez que el Parlamento rechazó un veto total fue el 12 de marzo de 2003, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio de una grave crisis social y económica.
Duhalde vetó en forma total la ley 25.715 sobre reducción de los aranceles para la importación del azúcar, medida que fue ratificada por el Congreso y promulgada en los primeros días de abril de 2003.
Hoy se insistirá con una ley clave que beneficiará a miles de ciudadanos con discapacidad y que vienen realizando múltiples marchas en rechazo del aumento de los valores de las prestaciones, además de reclamar que se paguen todas las deudas.
De acuerdo a la Constitución, un presidente puede vetar en forma total o parcial una ley y el Congreso, para insistir con esa iniciativa, debe reunir en cada cámara los dos tercios de los votos.
La emergencia en Discapacidad prevé que las 200 mil contribuciones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y que sus beneficiarios podrán trabajar.
Desde 2002, el Congreso no había desafiado a un Presidente como lo hará hoy el Senado cuando, en la sesión convocada desde las 11, la oposición buscará dejar firme la ley de emergencia en materia de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Cámara de Diputados había aprobado por 172 votos la insistencia de la ley de emergencia que fue vetada con el argumento oficial de que altera el equilibrio fiscal.
De acuerdo a la oficina de Presupuesto Nacional, la ley votada en el Congreso puede tener un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB, aunque podría ser mayor por diferentes medidas incluidas en la ley que no son posibles de estimar.
Seis vetos, dos blindados
Desde que asumió, el presidente Javier Milei vetó seis leyes: dos veces el aumento jubilatorio; el incremento del presupuesto universitario; la moratoria previsional; la emergencia en materia de Discapacidad y la ayuda a los inundados de Bahía Blanca.
Hasta ahora pudo blindar las dos leyes vinculadas al aumento de haberes a los jubilados, ya que, tanto el año pasado como el último miércoles, consiguió el tercio necesario para ratificar esa medida del Poder Ejecutivo.
Regulación de DNU
Ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria también se decidió incluir en el temario de la sesión de hoy el proyecto para reformar la ley sobre los Decretos de Necesidad y Urgencias. Los cambios que busca introducir la oposición limitarán el uso que hoy hace el Presidente de la Nación.
Durante la sesión también habrá cinco cuestiones de privilegio donde se objetará la decisión del Gobierno de haber denunciado a periodistas y logrado conseguir que el magistrado Alejandro Maraniello prohibiera la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El fentanilo, sin comisión en Diputados
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Silvia Lospennato (PRO), se reunirá hoy, a las 14, para una segunda jornada de debate en torno a las distintas iniciativas que proponen la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia del fentanilo contaminado, aunque no se espera la firma de dictámenes.
No se avanzará con dictámenes porque la comisión cabecera de estos proyectos es Asuntos Constitucionales, que es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, quien no tiene ningún interés en acoplarse al trabajo de Peticiones y de Salud.
La mayoría de las iniciativas indagan sobre las desregulaciones y falta de controles institucionales que ocurrieron bajo la actual administración para que los laboratorios salieran al mercado con lotes de fentanilo adulterado.
La sospecha del oficialismo es que la oposición utilizará la comisión investigadora como escenario para cuestionar al Gobierno por el desguace de los organismos de control (Iname y Anmat) y por las irregularidades en la habilitación de laboratorios que no cumplían con los estándares fitosanitarios y de higiene para producir medicamentos complejos como en fentanilo.
A la oposición no le quedará otra alternativa que obligar a Mayoraz a convocar a Asuntos Constitucionales a través de un emplazamiento votado en una próxima sesión. Esta herramienta, que en otros períodos se utilizaba de una forma excepcional, se convirtió en moneda corriente y único recurso disponible para la oposición a los efectos de tratar proyectos cajoneados o frizados por La Libertad Avanza (LLA).