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El asesinato de Jeremías Monzón, en Santa Fe, fue perpetrado por tres adolescentes. La mayor, de 16 años, novia de la víctima, lo llevó a una emboscada donde lo esperaban dos sicarios de 15 años, que lo torturaron hasta matarlo de 23 puñaladas. Luego escondieron el cadáver e hicieron desaparecer su ropa.
Tras el crimen, según el relato de la familia de la víctima, la joven desapareció con su madre por unos días, mientras que los otros cómplices daban pistas falsas para desorientar la búsqueda. Identificados los criminales, la adolescente fue imputada y detenida; su madre, sospechada como instigadora, quedó presa, y los dos jóvenes sicarios fueron enviados a su casa por tener menos de 16 años.
No hace falta un análisis muy agudo para comprender que ambos tenían plena conciencia de la magnitud del crimen que estaban cometiendo y, también, de que por su edad no serían detenidos ni sancionados.
Esta aberración es la culminación del abolicionismo, una teoría irresponsable que se ha irrigado en el orden jurídico argentino y que solo ha contribuido a que haya cada vez más menores involucrados en delitos. En nombre de los derechos del niño, se destruyen sistemáticamente los derechos de las víctimas.
El asesinato de Jeremías es extremo por su perversidad, pero no es un caso aislado. Según lo reconocen las autoridades judiciales del país, tiene un crecimiento persistente en algunas regiones y, en particular, en los grandes centros urbanos.
La teoría clásica de la pena, surgida de la Escuela Clásica del Derecho Penal, se basa en el libre albedrío, concibe el delito como una infracción jurídica y postula que la pena debe ser proporcional y justa, retribuyendo el daño causado y restaurando el orden social.
¿Cuál es la razón psicológica o pedagógica para que los adolescentes estén exentos de restaurar el daño que causaron a la sociedad? Ninguna. No pueden ser impunes.
Los jóvenes criminales no son necesariamente hijos de la pobreza. Más bien, y tal parece ser el caso de los tres asesinos de Jeremías, son el producto de una sociedad que, en nombre de la libertad y los derechos humanos, ha ido acrecentando la falta de valores y de contención en el seno familiar. Los tiempos han cambiado y la sociedad, también.
La decisión del Estado de restituir a los jóvenes que delinquen a sus familias ha demostrado su ineficacia. La misma familia que no los preparó para una vida dentro de la ley no los va a corregir luego de una experiencia tan brutal como la de asaltar o matar.
El artículo 18 de la Constitución Nacional argentina establece que "las cárceles serán sanas y limpias, destinadas a la seguridad y no al castigo de los reos". Este texto, sancionado en 1853, expresa la claridad de los constituyentes fundacionales sobre los derechos humanos. Las penas que imponen los jueces no son para venganza; no se trata del "ojo por ojo, diente por diente". Son el ejercicio de la Justicia, que contempla los derechos de los seres humanos en general, y de los criminales y de las víctimas, en particular.
La realidad carcelaria de nuestro país, por cierto, no garantiza adecuadamente hoy esos derechos. El estado en que viven los presos y, especialmente, las mujeres detenidas y sus hijos, es deplorable, como lo denuncia sistemáticamente el Comité contra la Tortura en Salta.
Los menores marginales requieren lugares de reclusión que no los aíslen de la sociedad y que cuenten con docentes, sociólogos y psicólogos, además de personal de seguridad.
Es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad en este tema, sin pretextos, para que el país empiece, de una vez por todas, a funcionar dentro de la ley.