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El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó ayer invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo "accesos indebidos" y "fallas graves".
De esos peritajes se conocieron, entre otras revelaciones, un presunto acuerdo por un pago de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei a Hayden Davis como su asesor en materia de Web3.
Exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como aduce que ocurrió en el informe sobre su dispositivo.
El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el análisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó "accesos indebidos" por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.
"El descontrol del peritaje y la inclusión de datos privados llevaron únicamente a la directa afectación de la intimidad y el honor del dueño del equipo, sin aportar nada a las presentes actuaciones", sostiene el letrado.
Según el escrito presentado por Rubinovich "la integridad, autenticidad y trazabilidad" de todo el material que debía ser peritado "quedó comprometido", por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.
Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo "controles estrictos que no se cumplieron". En cambio, hubo una irrupción de su vida privada porque hicieron "una exploración general", lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.
La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación.
Cadena de custodia
La defensa de Mauricio Novelli puso el foco en una presunta violación de la cadena de custodia para intentar invalidar las pruebas clave extraídas al peritar su celular. Así, busca aplicar la doctrina del "fruto del árbol envenenado", que sostiene que toda evidencia obtenida de forma ilícita contamina el resto del proceso.
Argumentó: "los actos ilícitos no pueden producir efectos válidos, la diligencia tiene que reputarse ineficaz. Ello, por otra parte, conduce a la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, que lleva a la descalificación de toda prueba que constituya la proyección de la actividad considerada inválida en el proceso".