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Autoridades del Hospital Público Materno Infantil negaron que hayan intentado poner trabas para realizar el aborto a una víctima de abuso sexual. La práctica se realizó el lunes y las abogadas que asistieron la mujer relataron que hubo demoras y trámites innecesarios.
El lunes a la noche en el Hospital se interrumpió el embarazo de una turista que había sufrido una violación en un país vecino hace semanas.
Es la primera operación de este tipo que hace la institución desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las mujeres que concibieron como producto de un abuso pueden abortar sin necesidad de que lo ordene un juez.
La turista había ido a pedir que se detenga la gestación la semana pasada, pero lo consiguió recién después de que intervinieran las abogadas Graciela Abutt Carol y Mónica Menini. Las profesionales describieron que hubo dilaciones y que los médicos desconocían el procedimiento que se debe aplicar en estos casos.
En un escueto diálogo con los medios de comunicación, la directora de gestión perinatológica del centro asistencial, Marisa Alvarez, consideró ayer que “se actuó con celeridad”.
“Lo único que puedo decir es que el hospital garantiza la asistencia integral a las víctimas de la violencia sexual. Hay un protocolo que se sigue de manera muy ajustada ”, señaló Alvarez.
La funcionaria también sostuvo que “es una práctica como tantas otras que se realizan en la institución”. Además dijo que hay médicos “objetores de conciencia”, que se niegan a hacer la operación porque se contrapone a sus creencias.
La paciente tuvo que firmar, en Ciudad Judicial y ante un funcionario del Ministerio Público, una declaración jurada en la que manifestó que fue víctima de un delito sexual.
Abutt Carol, declaró que hubo “reticencia a dar información, burocratizaciones innecesarias y falta de privacidad”.
La identidad de la mujer se reserva pero es de una provincia del centro del país. Estaba realizando un viaje y sufrió un abuso en un país limítrofe que era uno de los puntos de su recorrido. Sin embargo, se habría dado cuenta del embarazo ya en Salta.
El caso se presenta en medio de un debate sobre el aborto para víctimas de delitos sexuales. El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, con el patrocinio de Abutt Carol y Menini, había hecho una presentación judicial en contra de la Provincia por el tema.
En un planteo que debe resolver la Corte de Justicia, las demandantes apuntan que el Gobierno intenta dilatar el acceso a la práctica porque impuso como condición que las mujeres abusadas presenten una declaración jurada ante el Ministerio Público o denuncia policial antes de interrumpir la gestación.
La Corte local también debe decidir sobre un reclamo iniciado por el abogado Francisco Durand Casali que se contrapone al de los sectores que pelean por los derechos de género.
Casali demanda que se anule la aplicación del aborto para mujeres que fueron violadas porque considera que “atenta contra el derecho a la vida desde la concepción”.