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El Presupuesto 2013 prevé liquidar 25.000 sentencias de jubilados. En lo que va de este año, la Anses pagó 15.000 fallos. Hasta septiembre los jueces se expidieron en 40.927 causas, un 44% más que en igual período de 2011 y un 135% más que en los 9 primeros meses de 2010. En promedio, el importe fijado por los magistrados es de $150.000 por reclamo. Las estadísticas del fuero de la seguridad social indican que hasta septiembre los jueces dictaron 40.927 sentencias, un 44% más que en igual período de 2011 y un 135% más que en los 9 primeros meses de 2010.
En tanto, las apelaciones a fallos de primera instancia sumaron 34.380 expedientes, en su mayor parte de la Anses. Es un 15% más que en igual paso del año pasado.
Nuevas demandas
Por su parte, las nuevas demandas suman 62.751, superando las 62.470 que ingresaron en igual lapso de 2011.
Además, por las recusaciones de la Anses a varios jueces camaristas por el contenido de sus sentencias, la sala II de la Cámara está prácticamente paralizada, con más de 8.000 expedientes trabados o suspendidos.
Se estima que en lo que va del año el organismo previsional lleva canceladas unas 15.000 sentencias, a un promedio de $150.000 por sentencia liquidada.
En total se prevé destinar $4.015,7 millones al pago de sentencias de la Anses y otros $ 635,5 millones para sentencias de retirados y pensionados de la Policía, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta enorme litigiosidad ( hay 500.000 juicios acumulados) se incrementó a partir de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron la falta de movilidad de las jubilaciones hasta fines de 2006 (caso Elliff, Badaro, Gemelli y otros) que deprimió las jubilaciones. Pero también porque la Corte Suprema no extendió a todos los jubilados su propia doctrina, obligando a cada jubilado a iniciar un juicio.
Por esa razón, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de “acción colectiva” para que la Corte extienda sus fallos a todos los jubilados que estén en condiciones similares al caso Badaro.
El máximo tribunal pidió un informe económico-financiero a la Anses, que hace semanas está en sus manos, para expedirse con mayores fundamentos y solidez económica. También la Corte Suprema debe pronunciarse sobre las recusaciones a los camaristas de la Sala II. En ambos, la decisión del alto tribunal está demorada. Por otro lado, el organismo previsional no está cumpliendo con el compromiso asumido ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Allí había acordado no apelar los fallos favorables a los jubilados que fueran similares a los casos sobre los cuales la Corte Suprema ya se había pronunciado y a desistir de las apelaciones judiciales. El año pasado, la Anses estableció prioridades de pago para el cobro de las sentencias jubilatorias. Se clasificó los expedientes teniendo en cuenta el rango de haberes, edad y antigedad. El objetivo fue darle prioridad a quien más lo necesita.La circular GP N´ 23 del 30 de marzo de 2011, determinó cuatro rangos en relación al haber jubilatorio, con el siguiente orden de prioridad: haber menor o igual a $ 2.000; mayor a $ 2.000 y menor o igual a $ 4.000; mayor a $ 4.000 y menor o igual al $ 8.994,95 y mayor a $ 8.994,95. Sobre cada rango de haber se determinaron cuatro rangos de edad, con su respectivo orden por prioridad: mayor o igual a 90 años; mayor o igual a 85 y menor o igual a 89 años; mayor o igual a 80 y menor o igual a 84 años y menor a 80 años.