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En medio de la lucha permanente del Gobierno contra los medios, los cañones del kirchnerismo volvieron a apuntar contra un camarista supuestamente vinculado el Grupo Clarín. Es que ayer, mientras desde el Senado se oficializaba un proyecto por la “ética y la libertad periodística” y mientras el exvicepresidente Julio Cobos insistía que el único objetivo de aprobar el per saltum es la ley de medios, el ministro de Justicia Julio Alak anunciaba que el camarista Francisco de las Carreras era denunciado por la Casa Rosada por “supuesta recepción de dádivas”.
Es que el propio magistrado había reconocido que en mayo pasado había viajado a Miami y se alojó en un hotel cinco estrellas con todos los gastos pagos por la organización internacional Certal (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina), la que estaría vinculada con el Grupo Clarín.
Lo cierto es que en esa oportunidad, De las Carreras participó allí de un congreso sobre propiedad intelectual organizado por una entidad que, según el propio Gobierno nacional, es financiada por el grupo de medios que mantiene una disputa judicial en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la ley de medios.
Alak agregó que “De las Carreras se encuentra en una posición muy delicada, porque existen elementos suficientes para promover una investigación penal a efectos de que la Justicia determine si incurrió en el delito de recepción de dádivas al aceptar que una organización estrechamente vinculada a este grupo empresario le pague un oneroso viaje al exterior”.
Finalmente, y desde la otra vereda, el ex vicepresidente Julio Cobos aseguró ayer que “acá lo que hace el Gobierno es desnaturalizar todo. Todo se hace persiguiendo un objetivo. En este caso, el objetivo es la ley de medios y de esta manera permite y copia cosas, con este progresismo falso, cosas que hizo el menemismo, que ya lo tuvimos”.
Otro proyecto “K” para la prensa
Las senadoras kirchneristas Nanci Parrilli y Liliana Fellner presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Estatuto del Periodista Profesional “una cláusula de conciencia” que podría ser invocada para negarse, sin recibir sanción o perjuicio de parte del empleador, a elaborar o difundir informaciones “contrarias a los principios éticos de la comunicación”.
Las legisladoras argumentan que “será un paso muy importante” si el Congreso legisla el derecho porque, afirman, “protegerá la independencia y la integridad deontológica de los periodistas, cuando vean afectados sus principios profesionales” ante presiones o abusos por parte de la patronal “afectando y condicionando la seguridad laboral del periodista”.
Fellner preside la comisión de Comunicación y Libertad de Expresión, donde días organizó una jornada para debatir el “Rol del Periodismo en la Sociedad. Ética y responsabilidad. Estatutos, Códigos y Autoregulación”.