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La Justicia argentina puso la lupa sobre el escándalo de las valijas sin control aduanero que ingresaron al país en un vuelo privado desde Miami, encabezado por la exazafata Laura Arrieta, organizadora de la CPAC Argentina. A más de cuatro meses del hecho, el juez en lo penal económico Martín Yadarola activó una serie de medidas que podrían escalar el caso a nivel internacional.
Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado solicitó cooperación penal tanto a Estados Unidos como a Francia –país de destino final del avión– para obtener información clave sobre el contenido de las valijas y los movimientos del Bombardier 5000, propiedad del empresario Leonardo Scatturice. La aeronave aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero, quedó hangarada una semana en la terminal de Royal Class, y luego partió hacia París con escala en Tenerife.
En el país
Paralelamente, el juzgado ordenó identificar a funcionarios de la Aduana, la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estuvieron involucrados en el procedimiento de ingreso.
También se solicitaron informes a los organismos mencionados y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras que ya fueron recolectadas las grabaciones de las cámaras del Aeroparque Jorge Newbery, peritajes documentales y declaraciones testimoniales, de acuerdo a información del diario Clarín.
En las imágenes aparece Arrieta pasando por una vía secundaria del aeropuerto sin que su equipaje –al menos diez bultos– haya sido escaneado, mientras otros pasajeros del mismo vuelo sí fueron controlados. La mujer conversa por teléfono y luego entrega su celular a una agente aduanera, que escucha unos segundos, asiente con un gesto y permite el ingreso de las valijas sin revisión.
Para la fiscalía, integrada por Claudio Navas Rial y con colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), "hubo una instrucción externa" que modificó el procedimiento normal, lo que apunta a un posible encubrimiento o abuso de autoridad. Además, el fiscal pidió identificar a todos los vehículos que participaron en la descarga de equipaje y los agentes que intervinieron, incluyendo personal de Royal Class y Aduana.
Las pruebas recopiladas muestran una serie de irregularidades: la declaración oficial indica el ingreso de cinco valijas, pero en los registros visuales se cuentan más de diez. No hay constancia de escaneo ni documentación precisa. Incluso Migraciones registró mal algunos movimientos, según el fiscal. Por eso se solicitó que el organismo rectifique los datos y detalle los mecanismos de control actuales.
El pedido de colaboración internacional también busca obtener información sobre lo que ocurrió con las valijas durante el trayecto del vuelo y si existieron controles similares en los aeropuertos de salida y destino. ANAC, por su parte, reconoció no tener registrados los movimientos del avión, lo que generó un nuevo requerimiento del juez para conocer los motivos de la omisión.
En el centro del caso aparece Leonardo Scatturice, empresario radicado en Miami, dueño del jet privado y reciente comprador de Flybondi. También es señalado como nexo clave entre el gobierno de Javier Milei y el presidente estadounidense Donald Trump. El Gobierno, por ahora, niega irregularidades: el titular de ARCA, Juan Pazo, sostuvo que "la Aduana no escanea el 100% del equipaje" y que se trató de una selección aleatoria.
No obstante, las evidencias recolectadas muestran que la vía por la que ingresó Arrieta fue abierta especialmente para ella, sin motivos operativos que lo justifiquen, y cerrada inmediatamente después. "Hubo discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos", sostuvo el fiscal.