Tardíamente, luego de tres intimaciones pero antes de que venciera el plazo, el procurador Pablo López Viñals informó al abogado Gonzalo Guzmán Coraita sobre cómo se realizaron las designaciones en el Cuerpo de Investigadores Fiscales. De esa manera quedó en evidencia que los interrogatorios a dos niñas abusadas -según denunciaron sus padres- por el conductor del transporte escolar estuvieron a cargo de dos personas sin formación específica. El texto, firmado por la entonces directora del CIF y ahora fiscal, Gabriela Buabse, fue redactado por los “investigadores” Mercedes Posse y Benjamín Diez. No participó ninguna psicóloga ya que, como señala el informe oficial, la profesional psicóloga María Laura Silisque fue designada en junio, más de dos meses después de realizadas las pericias que admiten que la niña de diez años podría aparecer como “objeto sexual”.
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Tardíamente, luego de tres intimaciones pero antes de que venciera el plazo, el procurador Pablo López Viñals informó al abogado Gonzalo Guzmán Coraita sobre cómo se realizaron las designaciones en el Cuerpo de Investigadores Fiscales. De esa manera quedó en evidencia que los interrogatorios a dos niñas abusadas -según denunciaron sus padres- por el conductor del transporte escolar estuvieron a cargo de dos personas sin formación específica. El texto, firmado por la entonces directora del CIF y ahora fiscal, Gabriela Buabse, fue redactado por los “investigadores” Mercedes Posse y Benjamín Diez. No participó ninguna psicóloga ya que, como señala el informe oficial, la profesional psicóloga María Laura Silisque fue designada en junio, más de dos meses después de realizadas las pericias que admiten que la niña de diez años podría aparecer como “objeto sexual”.
Respuesta tardía
El Tribuno informó ayer que López Viñals se negaba a brindar información sobre las designaciones de funcionarios y personal que presta servicios en el CIF. La fuente fue un artículo que el propio abogado peticionante, Guzmán Coraita, publicó en la página digital Salta Transparente. Lo cierto es que, la semana pasada, con casi un mes de demora, López Viñals remitió la información solicitada. Fue sorprendente, dadas sus costumbres, que el funcionario cumpliera, aunque a regañadientes, con una obligación inherente a su cargo y a la publicidad de los actos de gobierno propia del orden republicano.
Ausencias notorias
El procurador remitió 21 resoluciones donde consta la lista y la modalidad de las designaciones de investigadores y pasantes que trabajan en el organismo de detectives. Allí figura el nombre de Mercedes Posse, que es empleada administrativa afectada a tareas de investigación pero no aparece el de Benjamín Diez, el otro firmante del informe del escándalo.
Otra precisión: la psicóloga María Laura Silisque recién fue designada el 25 de junio de 2.012 y el informe de la polémica está ingresado del 3 de mayo de 2.012, pero realizado con anterioridad. La resolución 257/12 dispone afectar a Silisque, hasta entonces empleada administrativa del Ministerio Público, como investigadora del CIF.
Fechas nada inocentes
El dato y la fecha son elocuentes: el gobernador Juan Manuel Urtubey, la fiscal Inés Loyola y Buabse aseguraron que las pericias habían sido realizadas con la supervisión de la psicóloga. Los interrogatorios a menores, ancianos o incapaces deben ser efectuados en cámara Gesell. En este caso fueron hechos por dos empleados administrativos uno de los cuales ni siquiera figura en las designaciones. El trasfondo de este conflicto hay que buscarlo en el conflicto de competencias entre la Corte de Justicia y la Procuración. La jueza del caso, Carolina Sanguedolce, reprochó el 31 de octubre a la jefa del departamento de Psicología de la Justicia, Graciela Espeche, la publicidad del informe. A su vez, la fiscal Loyola requirió que se investigue a quien filtró el documento y dejó en evidencia la orfandad de asesoría psicológica, de parte del CIF. Entre tanto, Buabse fue promovida a fiscal con la anuencia de 22 senadores y el sospechado de abuso, que se sepa, sigue manejando el ómnibus escolar.