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Pronunciamiento duro si los hay. En un hecho sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia, los magistrados de todo el país mostraron su descontento por las presiones que vienen sufriendo desde el Gobierno en distintas causas. La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un organismo que depende de la Corte Suprema y que agrupa a las máximas entidades de la Justicia, denunció ayer una “agresión institucional” al Poder Judicial, exhortó al Gobierno de Cristina Fernández a “respetar la Constitución” y exigió evitar “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”.
Además, esta comisión -integrada por tres organismos de magistrados y presidida por las juezas de la Corte Suprema Elena Highton y Carmen Argibay- instó a evitar “agravios” contra magistrados y rechazó que la defensa de los principios de respeto a la Justicia sea “confundido con intereses corporativos”.
El contenido
El comunicado contiene un mensaje directo a la jefa de Estado: le reclamaron al Ejecutivo “cumplir estrictamente” el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Este pronunciamiento inédito en la historia judicial se conoció en el inicio de la tarde de ayer y a menos de doce horas del comienzo del llamado “7D”, la fecha de vencimiento del plazo para la caída de una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín, que horas más tarde fue extendida hasta que haya una sentencia definitiva. El miércoles, cuando la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial quedó en condiciones de votar una posible prórroga de la cautelar, el kirchnerismo denunció el “avance de la corporación judicial en un intento de golpe institucional”, y el ministro de Justicia, Julio Alak, denunció que habría un “alzamiento contra una ley de la Nación” si se estiraba la medida. Además, el Gobierno volvió a recusar masivamente a los jueces de la Cámara. Frente a esto, la Comisión Nacional de la Independencia Judicial emitió ayer un comunicado para exhortar al Ejecutivo a “cumplir estrictamente con la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”. Esa comisión -que depende de la Corte- está integrada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires (JUFEJUS), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los presidentes de esos órganos son, respectivamente, el titular del Tribunal Superior de Justicia porteño, Luis Lozano, y los camaristas Luis María Cabral y Víctor María Vélez.
El documento reportó la preocupación de jueces y juezas “de todo el país” frente a “hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la Justicia es para todos”, se afirmó.
El organismo defendió la independencia de los jueces, lo que -dijo- “constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”.
Y remarcó que esa premisa “se encuentra protegida por la Constitución Nacional” y es una pieza “fundamental del estado de derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia”.
Eduardo Amadeo, diputado
El legislador del PJ disidente advirtió ayer que “si el Gobierno decidiese desconocer el fallo” que prorroga la vigencia de la medida cautelar pedida por Clarín “estaríamos ante un gravísimo conflicto de poderes”. “Espero que el Gobierno acepte íntegramente el fallo de la Cámara Civil y Comercial y esto ponga otra vez el tema de la ley de medios en el carril judicial sin interferencias políticas”, expresó Amadeo.
Hernán Ordiales, Magistratura
“El Gobierno ha hecho lo que haría cualquier abogado cuando existe temor de parcialidad por parte de los jueces. La Cámara ha demostrado parcialidad a favor del Grupo Clarín durante todo el año. El Gobierno quiere cumplir el fallo de la Corte que definió que el 7 de diciembre caducaba la cautelar que lleva 3 años. El que no quiere cumplir la ley es el Grupo Clarín. Con los pedidos de revocación el Gobierno buscó anticiparse a un fallo adverso”.
Ricardo Gil Lavedra, diputado
El titular del bloque de diputados radicales aseguró ayer que “hay jueces independientes que no han cedido a las presiones” del Gobierno, ante la prórroga de la medida cautelar a favor del Grupo Clarín. “Que haya una Justicia independiente es aceptar que los jueces fallen de acuerdo a su interpretación de la ley”, explicó Gil Lavedra, e instó a que el Poder Judicial tome “una decisión y se pronuncie sobre el fondo” de la causa.
Hermes Binner, titular del FA P
El titular del Frente Amplio Progresista (FAP) afirmó ayer que la extensión de la medida cautelar a favor del Grupo Clarín es una decisión de la Justicia “dentro de sus atribuciones constitucionales” y pidió “respetarla”. “En un estado de derecho, sostenido en la división de poderes, debemos esperar que la Justicia se expida para poder actuar”, señaló el exgobernador de Santa Fe y excandidato a presidente en 2011.
Felix Loñ, constitucionalista
El constitucionalista advirtió ayer que la Presidenta es “ahora la única responsable” de que la extensión de la cautelar en la causa por la ley de medios “no se transforme en una situación de extrema gravedad institucional”. “Esperemos que el Gobierno se dé cuenta de que está en juego la institucionalidad de la República. El desconocimiento (del fallo que extiende la cautelar) crearía una situación de extrema gravedad para el país”, afirmó el abogado.
Luis D"Elía, MILES
El dirigente del kirchnerista acusó ayer a los jueces de la Cámara Civil y Comercial de formar parte de “la corporación mediocrática y la corporación judicial procesista que conspiran y confabulan contra la democracia”. “Con este fallo queda demostrado quién manda desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha en el país, que es sin duda, el CEO del Grupo Clarín, el señor Héctor Magneto”, enfatizó el expiquetero D'Elía.