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El Gobierno iniciará acciones legales en tribunales nacionales e internacionales contra petroleras que operan directa o indirectamente en la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
Así lo anunció esta tarde el canciller Héctor Timerman durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Vamos por todos los medios a castigar y a tratar de que la leyes se apliquen, que las resoluciones de Naciones Unidas sean respetadas y que Gran Bretaña dé cumplimiento a la resolución 2065 (de la ONU) que habla de resolución pacífica de un conflicto de soberanía‘, sostuvo Timerman durante la presentación.
El canciller precisó que se iniciarán ‘acciones administrativas‘ y también presentaciones ‘civiles y penales a las empresas petroleras‘ que operen en la extracción de hidrocarburos, pero también a las que brindan apoyo logístico y a las que ofrecen servicios financieros para que esa exploración pueda llevarse a cabo.
Las denuncias se harán en tribunales nacionales y ‘se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación internacional‘, como resultado de un equipo de investigación conformado especialmente para tal fin.
Las acciones serán canalizadas a través de la Procuración del Tesoro, pero también habrá acciones administrativas a través de la Secretaría de Energía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros organismos implicados.
Durante su exposición el jefe de la diplomacia nacional enumeró a las firmas que ‘poseen ilegítimas licencias‘ para explorar en las islas Falkland oil & Gas, Argos Petroleum, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders & Southern Petroleum‘.
También identificó a siete firmas que ‘brindan apoyo logístico‘ ya sea porque son propietarias de las dos plataformas que operan mar adentro -Ocean Guardian y Leiv Eriksson- porque ofrecen buques que llevan equipamiento y provisiones.
Finalmente mencionó a un conglomerado de firmas que ofrecen servicios financieros entre las que mencionó a bancos, asesorías, brokers, auditores, servicios jurídicos lobistas y analistas de riesgo.