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Organizaciones que trabajan por los derechos de género pidieron que el Gobierno de la Provincia adopte la guía que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación para agilizar el acceso a un aborto para mujeres violadas.
En este sentido se manifestó en los últimos días la Comisión de la Mujer de la UNSa. La organización destacó que se debería elaborar un listado de profesionales que puedan realizar la intervención cuando un médico se oponga por una objeción de conciencia.
Desde el Ministerio de Salud Pública local no aclararon hasta ahora cómo se resolverán estos aspectos, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reafirmó el derecho a interrumpir el embarazo tras un abuso sexual.
Ayer se conoció que el ministro de Salud Pública, Enrique Heredia, opinó que “habrá que analizar cada caso”, consultado sobre la posibilidad de que se solicite un aborto en un hospital público.
El fallo de la Corte establece que todas las mujeres abusadas tienen derecho a acceder a la interrupción del embarazo. La sentencia tiende, además, a que la respuesta del sistema sanitario sea rápida.