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Tres ministros del Gobierno de la Provincia repitieron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto es “sobre un caso determinado” y sugiere que no se debe aplicar necesariamente a todas las víctimas de violación. La titular del Ministerio de Derechos Humanos, María Pacce, y el del Ministerio de Economía, Carlos Parodi, respaldaron ayer la postura que el gobernador Juan Manuel Urtubey hizo pública la semana pasada.
Enrique Heredia, de Salud Pública, se puso en la misma dirección. Antes de escaparse de la prensa ayer, en el predio donde la Provincia construye un centro de rehabilitación psicomotriz, primero se negó a aclarar qué criterios se adoptarán frente a la decisión de la Justicia, que obliga a los hospitales a establecer cómo se interrumpirá un embarazo cuando se presente la necesidad.
El funcionario rechazó las preguntas de los periodistas con un tajante “no voy a hablar de aborto”. Diferentes medios de comunicación trataron de consultar al respecto a Heredia. Pero el ministro se retiró sin responder y diciendo “ya expliqué”.
Días atrás, el funcionario había dado declaraciones escuetas que se mantenían estrictamente en la misma línea que lo sostenido por Urtubey, quien considera que el fallo de la Corte Suprema y sugiere que Salta no debe elaborar un protocolo de actuación médica en estos casos.
Heredia había dicho que se deberá analizar “cada caso en particular” si se solicita un aborto en el sistema sanitario. Y de ese discurso no se movió.
La espera de los médicos
Los médicos de los hospitales públicos no recibieron información precisa hasta ahora sobre lo que deben hacer si una mujer embarazada como producto de una violación les pide abortar. Hace una semana la Corte Suprema estableció que las víctimas de abuso tienen derecho a interrumpir la gestación y desde el Gobierno de la Provincia se evita sentar una postura clara sobre el tema.
“No hemos tenido ninguna comunicación al respecto. Tiene que haber una reunión y se deben tomar decisiones claras. Esto no puede quedar librado al azar”, dijo a El Tribuno Cristina Nesrala, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud.
La dirigente se manifestó de acuerdo con la decisión de que las mujeres abusadas tengan derecho a abortar, pero destacó que los profesionales de la salud “no pueden ser obligados” si no están de acuerdo. Otros dos referentes gremiales de hospitales coincidieron en señalar que no les habían llegado lineamientos sobre la atención a mujeres abusadas que potencialmente demanden un aborto.
No hubo indicaciones sobre los tiempos en los que se debe responder al pedido de una víctima de violación, los requisitos que se deben pedir, los exámenes previos de salud que corresponden o las técnicas recomendadas para interrumpir el embarazo.
Lo que dice el fallo
El máximo tribunal de Justicia de la Nación, sin embargo, consideró que las mujeres que sufrieron una violación no necesitan autorización judicial para acceder al aborto. Parodi también respondió que la decisión de la Justicia era para una situación “específica”. De todos modos, se mostró un poco más dispuesto a dialogar pese a no tener injerencia directa en el área.
“Es algo complicado lo que se debe analizar” y “habrá que ver cuál es el tratamiento”, fueron algunas de las expresiones de Parodi, quien además informó que la cuestión podría analizarse hoy en Gabinete.
Las autoridades no determinaron cómo se procederá si una víctima necesita la operación para detener la gestación y no hay un médico dispuesto a realizarla. De acuerdo al fallo, el Estado debe garantizar que la práctica se haga en otro servicio cuando un profesional se niega por una objeción de conciencia. En Salta, se espera saber cómo se cumplirá con este punto.
Los datos
El Código Penal permite el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o corre riesgo la vida de la madre.
La Justicia pidió que las Provincias elaboren reglamentos que eliminen trabas para víctimas que quieren interrumpir un embarazo.