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El arreglo es un principio para dejar sin efectos la demanda judicial que en octubre del año pasado procesó a los tres dueños del sitio web por presunta infracción a la ley 11.723 de propiedad intelectual. A cambio Taringa! les facilitará una herramienta para proteger en el sitio las obras protegidas con derechos de autor. Desde la CAL, podrán eliminar contenidos que infrinjan derechos de autor con alguna de sus obras. Esos post irán a una sección especial para que Taringa! los revise legalmente y los elimine o apruebe según el caso.
El segundo punto del acuerdo insta a que Taringa! contribuya a la circulación legal dentro de su comunidad de libros nuevos y antiguos, tanto pagos como los gratuitos o libres de derechos. De esa manera, autores poco conocidos, libros con poca tirada o ediciones agotadas y editoriales chicas, se verán favorecidas gracias a la fuerte exposición que obtendrán esas obras entre los usuarios que día a día ingresan al sitio a compartir contenido. No es descabellado imaginar que en un futuro cercano en Taringa! se puedan comprar libros digitales (ebooks).
Taringa! es una comunidad formada a fines de 2006 y que recibe unas 160 millones de visitas al mes. Además tiene una potente base de 17 millones de usuarios registrados que generan miles de contenidos diarios. A pesar de tener sus oficinas en el barrio porteño de Recoleta, donde trabajan unas treinta personas, Taringa! recibe el grueso de sus visitas de países como México, España, Colombia, Chile y Uruguay. De hecho, apenas el 25% de sus visitas son desde la Argentina.
Sin dudas que este acuerdo entre la red social de los Botbol y la CAL es una muy buena noticia para la industria editorial pero también para todos los emprendimientos web que tengan relación con contenidos digitales. Sienta un precedente para que, de ahora en más, otras industrias puedan abrir instancias de diálogo con diferentes sitios de comunidades y encontrar la manera de beneficiarse mutuamente. Tal puede ser el caso de la industria de la TV y el cine con Cuevana.tv fundado por el joven Tomás Escobar, que también recibió demandas judiciales por infringir contenidos protegidos con derechos de autor.
Lo que resulta claro es que la vía judicial para resolver estas diferencias no es la mejor solución. Ya fracasó en su momento con la industria de la música. La opción más lógica que puede existir es que todas las partes involucradas -empresas, autores y redes sociales- se sienten a encontrar la mejor forma de que todos se beneficien. Cada uno haciendo lo que mejor sabe.