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La presión de los piqueteros del norte no tiene límites y, como metodología, les sigue dando resultado. Los dos grupos que el miércoles pasado habían tomado un camión de combustibles y cortado la ruta nacional 34 entre Tartagal y Mosconi amenazando con usar bombas molotov, fueron recibidos por funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quienes les pagaron $36.000.
En la protesta de mediados de semana, los manifestantes estaban encabezados por Alejandro Quiroz y Ramón Alfaro.
Con el corte de ruta a la altura del arroyo El Gritón -entre Tartagal y Mosconi- reclamaban ser tenidos en cuenta en la adjudicación de las obras comprendidas dentro del Fondo de Reparación Histórica del Norte, para una obra que se realiza en la refinería de Campo Durán a cargo de la empresa Conta y el pago de la construcción de cuatro viviendas que meses atrás les había adjudicado el IPV.
Ese miércoles, la medida se extendió por cuatro horas hasta que, por la mediación de un jefe policial, el presidente del IPV, Sergio Zorpudes, se comprometió a recibirlos en la capital provincial antes del fin de semana largo.
El viernes, el organismo les abonó $36.000; 20.000$ para un grupo y $16.000 para el segundo a pesar que este último no había cumplido con rendir una etapa anterior de las obras.
La metodología de siempre
El corte y la amenaza de hacer explotar el camión con bombas molotov había generado tensión y temor. Si bien el camión iba sin combustible, era igualmente peligroso por los gases que dentro de la cisterna se acumulan.
Los piqueteros fundamentaron que ese tipo de protesta era “la única forma para ser escuchados (por los funcionarios provinciales); de esta manera hemos conseguido las obras (de construcción de viviendas) y de la misma manera la vamos a cobrar”, había manifestado a la prensa local Alejandro Quiroz. La respuesta del Gobierno provincial no hizo más que darles la razón.
Desde 1997 nada cambió
Los grupos de piqueteros en el norte son producto de una metodología que se impuso hace más de 10 años en la zona cuando, con el argumento de lograr una reivindicación histórica para el departamento San Martín, apoyada por comerciantes, periodistas, dueños de medios, docentes y otros sectores, se apeló al corte de la única vía que comunicaba el departamento San Martín con el resto del país.
Los cortes de ruta comenzaron en mayo de 1997.
Aunque los organizadores se empeñaban en negarlo, desde el primer corte de ruta los piqueteros cobraban peaje, aunque sus dirigentes aseguraban que se trataba de “un pedido de colaboración” por parte de los “luchadores sociales”.
Poco a poco estas medidas fueron más frecuentes. La falta de certezas sobre el libre tránsito en la ruta nacional y las manifestaciones sobre el empresariado y el Gobierno local, deterioraron aún más la actividad económica y el desarrollo de la zona.
El más virulento
En el año 2000 los piqueteros protagonizaron una de las peores protestas: marcharon desde General Mosconi hasta llegar a Tartagal y al llegar a la ciudad arrasaron el centro. Comercios incendiados, gente que huía de la enfurecida columna de manifestantes, casas y autos apedreados y golpeados, mostraron la virulencia del movimiento. En las primeras horas de la tarde, el ingreso de Gendarmería puso un punto final al desborde, aunque la ciudad mostraba un panorama desolador.
Las protestas en las rutas no cesaron durante los años siguientes. El resultado más evidente y negativo fue que varios empresarios retiraron sus inversiones y sedes del norte salteño para evitar el enfrentamiento con los piqueteros.
Hace cuatro años el actual intendente de Tartagal, Sergio Leavy, buscó retirar la protesta de la codiciada ruta nacional 34 hacia otro lugar. Los piqueteros comenzaron a protestar todos los viernes frente a la Municipalidad, siempre para que les adjudicaran obras públicas para ejecutar y ocupar a los desocupados que tienen en sus filas. Sin embargo, varios de los proyectos que les otorgaron los dejaron inconclusos. Aún así, las autoridades siguieron cediendo a la presión de estos grupos.
A fines del año pasado, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, decidió instalarse en la zona. Desembarcó en General Mosconi, desde donde digita protestas en los municipios del departamento San Martín.
Hace un mes, Leavy decidió trasladarse con su familia al Regimiento de Monte 28, luego de recibir amenazas contra él y su familia. La mudanza devolvió la protesta a la ruta nacional 34, endurecida esta vez porque la presión de los piqueteros creció ante la llegada de los casi 1.000 millones de pesos que el Gobierno invertirá en obras en el norte a través del Fondo de Reparación Histórica.
El miércoles pasado fue la toma del camión de naftas con bombas molotov y el corte de la ruta. El Gobierno les pagó. Fue una protesta más, seguramente no la última.