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Una inteligente jugada de ajedrez. El juez federal Ariel Lijo unificó ayer las causas contra el vicepresidente de la Nación, desplazó al fiscal Carlos Rívolo y avaló el allanamiento realizado al departamento de Boudou en Puerto Madero. Las causas por tráfico de influencias en la ex-Ciccone Calcográfica y por supuesto enriquecimiento ilícito de Boudou quedaron en manos del fiscal Jorge Di Lello, quien esta semana lo imputó por la segunda investigación.
Cuando todo hacía parecer que la nueva detención de los hermanos Schoklender se convertiría en una “cortina de humo” en el caso Boudou, Lijo declaró la conexión de la causa por la ex-Ciccone Calcográfica con la investigación del enriquecimiento ilícito del vicepresidente y declaró abstracto el planteo de recusación contra Rívolo, quien así quedó fuera de la causa.
De esta manera, el magistrado dejó como fiscal a Di Lello, pero mantuvo la línea de investigación trazada por Rívolo. Asimismo insistió en profundizar la investigación patrimonial de Boudou, por la que el vicepresidente quedó formalmente imputado.
En ese sentido también ordenó medidas de prueba para avanzar en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y pedidos de informes patrimoniales y de ganancias.
Cabe destacar que Lijo también avaló el allanamiento al departamento de Boudou en Puerto Madero, donde se encontraron elementos que probarían su relación con Alejandro Vandenbroele, señalado por su exmujer como presunto testaferro del vice.
“La decisión del juez es razonable y preserva la prueba que se obtuvo”, resaltó Rívolo, en referencia al aval de Lijo al allanamiento.
Lijo unificó ambas causas por la “conexidad” que establece el Código Procesal Penal cuando en varios expedientes figuran las mismas personas sospechadas de delitos que “han sido cometidos simultáneamente”.
En la causa por la ex-Ciccone se investiga a Boudou, Núñez Carmona (amigo el vice) y Alejandro Vandenbroele, dueño de la empresa que se quedó con la compañía y señalado por su exesposa como presunto testaferro del vicepresidente, y los tres fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito junto con Agustina K„mpfer, periodista y novia de Boudou. En tanto, en la causa por enriquecimiento ilícito el juez Lijo levantó “el secreto bancario y fiscal de los denunciados” y solicitó diez medidas de prueba para avanzar, que había pedido el fiscal Di Lello al impulsar la investigación. Entre ellas, un pedido a la Oficina Anticorrupción (OA) para que envíe “copia de las declaraciones juradas, incluyendo el anexo reservado, que Amado Boudou hubiere presentado dentro de los 30 días de la asunción de su cargo y anualmente durante el desempeño de la función pública a la que hubiere sido designado”.