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La semana pasada, acompañado de la presidenta Cristina Fernández, Miguel Galuccio presentó el “plan estratégico” de YPF. El flamante presidente y CEO de la compañía anunció un plan que permitirá a la empresa incrementar un 36% la producción de petróleo y gas entre este año y 2017, a razón de 6% anual promedio. Es francamente alentador que un gestor público anuncie y se comprometa con objetivos mensurables cuyo cumplimiento podrá ser luego verificado en el futuro. No obstante, persisten numerosos interrogantes sobre la forma de alcanzarlos.
Si bien Galuccio habló de “plan estratégico”, lo cierto es que en una comunicación posterior a la Bolsa de Buenos Aires y a la SEC, la empresa reconoció que se trataban simplemente de “estimaciones sobre las perspectivas de la compañía”. Se asumía implícitamente que el “plan” era, básicamente, una proyección de deseos.
El anuncio de Galuccio aclaraba que para obtener el prometido incremento en la producción de petróleo y gas era necesario efectuar una inversión de US$ 3.500 millones en 2012 y US$ 7.000 millones anuales entre 2013 y 2017, es decir un total de US$ 38.500 millones en el período. En cuanto al origen de esos fondos, la información añadía que esos recursos saldrían del flujo de fondos de la petrolera y de asociaciones de distintas naturaleza, entre ellas el concurso de un socio estratégico o financiero para el desarrollo de los recursos no convencionales. A la espera de la llegada del eventual “socio estratégico”, en reuniones que mantuvo con banqueros y empresarios del sector, Galuccio comentó que la empresa estudiaba la emisión de un bono en dólares garantizado por exportaciones como el principal objetivo que tenía YPF para obtener financiación.
Se trata de un mecanismo que han utilizado otras petroleras como Petrobras o Pemex, pero en la Argentina, con un “spread” de riesgo-país que supera largamente los 1.100 puntos, la tasa de interés de cualquier préstamo se torna inviable.
Las dificultades para obtener fondos del exterior o asociarse con una empresa extranjera dejan como alternativa financiera más realista la de acudir a los flujos de caja. Esto obligaría, ineludiblemente, a terminar con el congelamiento tarifario, en especial el que sufre el gas en boca de pozo. Pero, como señaló Kicillof en su mítica exposición ante el Senado, “si la nafta o el gasoil en la Argentina se guían por los precios internacionales, eso generará un descalabro macroeconómico mayúsculo en la economía nacional y pondrá en riesgo nuestro modelo de crecimiento”. Kicillof, quien aparece como el nuevo comisario político en el flamante directorio de YPF, es firme partidario de desvincular los precios internos de los internacionales y mantener “un precio interno bajo para sostener el poder adquisitivo del salario y fomentar la competitividad de la industria, el comercio y el transporte”.
En su exposición ante el Senado llegó a sostener la conveniencia de precios que “no sean rentables para la compañía” y “que tal vez haya que subsidiarlos”, dado que “nuestro objetivo no es la rentabilidad”. Existe, por lo tanto, una clara contraposición entre la visión ideológica de Kicillof y las más pragmáticas necesidades financieras de Galuccio. Algunos estiman que Galuccio será el ganador, pero todavía es prematuro saber quién ganará esta pulseada, cuyo resultado se dirimirá por la proximidad que se tenga al entorno de la corte presidencial. Por el mismo motivo, en un sistema donde lo institucional poco cuenta, carece de toda relevancia que los gobernadores de las provincias petrolíferas hayan podido ubicar a cinco directores sobre un total de diecisiete. Una muestra es que, a pesar que el estatuto de YPF señala que las acciones son escriturales, las provincias no han recibido todavía la titularidad de las acciones que según la ley de expropiación les corresponde, y que les permitiría compartir la eventual distribución de beneficios de la compañía. En cualquier caso, el riesgo mayor de las provincias petrolíferas reside en que si YPF no tiene otra alternativa más que financiarse con los flujos de caja tal vez será difícil que perciban las regalías con la regularidad anterior. O no sería descartable que, a partir de ahora, esas regalías sufran la condicionalidad política a la que viene sujeta la percepción del resto de los fondos coparticipables.