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Desde hace varias semanas las comisiones de Legislación y Salud de la Cámara de Diputados de Argentina analizan varios proyectos de ley para despenalizar el consumo de estupefacientes. Ninguno de los proyectos analiza el control por parte del Estado en la venta de drogas. De tal forma que los consumidores tendrían que seguir recurriendo el mercado negro para comprar la sustancia. Del otro lado del Río de la Plata, el gobierno uruguayo decidió ayer que por ley sea el Estado el que controle la venta de marihuana. Las medidas anunciadas incluyen el armado de una red estatal de distribución de marihuana, con control de calidad y venta prohibida a menores, y la conformación de un registro de consumidores.
La decisión llevada adelante por José Mujica, de 77 años y político de raíz izquierdista, fue discutida en varios consejos de ministros y en una comisión integrada por las carteras de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
Desde hace un mes que las autoridades trabajan en el conjunto de medidas para enfrentar los delitos y actos violentos en general, y una de las iniciativas que trascendió apunta a equiparar el tráfico de pasta base (conocida como “paco”) con el homicidio.
El presidente José Mujica convocó a través de un mensaje por radio y televisión a un mes de reflexión. “Parecería que a los uruguayos les cuesta darse cuenta de que el primer valor sobre la tierra es la vida”, señaló.
Con motivo del aniversario del nacimiento del prócer José Artigas, Mujica exhortó a la población a repensar sus acciones individuales y colectivas y a tener mayor tolerancia para cuidar la vida, a la que consideró “el bien más preciado”.
Contra el narcotráfico
Las medidas buscan “blanquear” el mercado de estupefacientes, quitándole un importante margen de ganancia a los narcotraficantes, y desplazar hacia una droga más blanda a los adictos al “paco”.
A tal efecto, será el Estado el encargado de vender marihuana en locales habilitados, en los que se llevará un registro de consumidores para impedir conductas adictivas.
La calidad de la droga será certificada por el Estado y se establecerá un máximo de cigarrillos por consumidor; aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación. Asimismo, el precio de cada cigarrillo será tarifado por el Estado e incluirá impuestos que se destinarán a financiar los tratamientos para rehabilitación de adictos.
Otro de los planes prevé la internación compulsiva de los adictos al paco, para lo cual equipos multidisciplinarios, integrados por personal de Salud Pública y Desarrollo Social, recorrerán zonas para detectar a los menores en esa situación.
El vicepresidente Danilo Astori dijo ayer al diario El País que con esta propuesta “se están buscando caminos para enfrentar de la mejor manera posible el consumo de pasta base, que tanto daño le ha hecho a Uruguay en los últimos años y que está asociado al incremento del deli to”.