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Después de un tenso debate y con toda la oposición en contra, el Gobierno español consiguió sacar adelante el plan de recortes más duro de la historia moderna de España en el último intento de sortear la quiebra del Estado y recuperar la confianza de los inversores. El conservador Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta en el Parlamento y logró convalidar el paquete de medidas urgentes anunciado hace una semana por 180 votos a favor, 131 en contra y una abstención. El plan incluye una suba del tipo general del IVA (impuesto al valor agregado) de tres puntos -de 18 a 21%- a partir del 1 de septiembre y la supresión del pago extraordinario de Navidad para todos los funcionarios que cobren más de 962 euros al mes. Es decir, solo 14.000 de los 2,7 millones de empleados públicos del país ibérico se librarán de este recorte. Se espera ahorrar 65.000 millones de euros con la suma de todos los ajustes que recoge el plan de austeridad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a justificar el decreto, que amenaza con paralizar aún más el consumo y agudizar la recesión.