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El miércoles 30 de mayo de este año muchos comprovincianos leyeron, con inquietud, el título principal de la página central de este diario: “Desde el 6 de junio todos los salteños estarán bajo vigilancia”, anunciaba el destacado epígrafe.
¿Por qué sucedería eso? Porque, se explicaba en el texto informativo, “el próximo 6 de junio comenzará a regir el nuevo Código Procesal Penal que las mayorías oficialistas en Diputados y en el Senado aprobaron a fines de 2011, a instancias de un proyecto del Ejecutivo, apenas después de sancionada la ley que blanqueó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que había sido creado poco antes mediante controvertidas resoluciones de la Procuración General de la Provincia”. Se añadía que “la aplicación de la reforma empezará por el distrito judicial Centro”.
El flamante instrumento procesal penal permite que policías y fiscales puedan investigar a los ciudadanos sin que éstos y los jueces de garantías se enteren, durante 35 días, de la compulsiva y furtiva inspección a la que están siendo sometidos.
En este nuevo orden, los fiscales de la Procuración aparecen como poderosos inquisidores, y los jueces como actores de reparto o, mejor, siluetas decorativas. Y los ciudadanos como sospechosos por definición. Esta situación es característica del totalitarismo, un “ismo” que tuvo como dos de sus históricos y máximos ejecutores al soviético Lavrenti Pavlovich Beria y al francés José Fouché.
Si el concepto de “Gran Hermano”, creado por el inglés Orwell, exigiese tener presencia en Salta podría conseguir satisfacción contemplando a la Procuración General de la Provincia, responsable del CIF, que dirige el abogado Pablo López Viñals.
Un tejido estatal de perfil totalitario y policial necesita estar presente en todos los estratos políticos, jurídicos y sociales, para que nada se le escape. Precisa ojos y oídos en todas partes para que su accionar no tenga fallas ni hendijas capaces de permitir fugas. Para muchos salteños el conflicto, de gravedad institucional, que en estos días está afectando a la Corte de Justicia local sería producto directo de la mencionada pretensión de omnipresencia que desvela a la Procuración General de la Provincia. Ya se sabe: ojos y oídos en todo lugar.
Y así fue que lo que no debió ir más allá de ser un trámite interno de la Corte, como lo es no acordar, con fundamentos, el nombramiento de una abogada como secretaria letrada del cuerpo colegiado, devino puja entre la Corte y Diputados y presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene nada que hacer en el asunto. Resumamos: la abogada María Victoria Mossman, propuesta por el juez Abel Cornejo, había tenido acuerdo como secretaria en 2008. El mismo juez Cornejo, a los veinte días de ese acuerdo, solicitó el alejamiento de Mossman por falta de “lealtad y confianza”. Ahora la jueza Susana Kauffman, que contaba con sólo una de las dos secretarias que le corresponden, gestionó el nombramiento de la abogada Mossman. Sus pares rechazaron el pedido. Y se armó. Kauffman no se dio por vencida y acudió a la Cámara de Diputados, donde revista su esposo, Guillermo Martinelli. Allí la jueza denunció una supuesta discriminación por género (en otras épocas se decía sexo). Denuncia extraña, en verdad, porque en la Corte hay doce secretarios letrados, de los cuales nueve son mujeres. Demostrando solidaridad de género, o de sexo, las diputadas Virginia Cornejo y Liliana Mazzone, reclamaron que el cuerpo envíe un pedido de informes a la Corte de Justicia. Algo absolutamente improcedente. Kauffman continuó su protesta por cuanto medio estuvo a su alcance, un proceder por lo menos irrazonable. Otras damas quisieron meter baza, pero sin fortuna ni argumentos.
En la letra chica de este asunto se puede leer que la abogada María Victoria Mossman es esposa de Sebastián Lloret, secretario de la Escuela del Ministerio Público, cuyo jefe directo es, exactamente, el Procurador General de la Provincia, el abogado Pablo López Viñals. A buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Parafraseando el dicho: “Muchos ojos y oídos en un plato causan arrebato”. Para consuelo de la Procuración, que le falló el lance y se quedó sin tan calificada escucha, le damos por válido este ostentoso gol en contra. ¿La jueza Kauffman? Ah, no! Con los jueces, no nos metemos.