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El Gobierno provincial salió ayer a poner paños fríos en torno a la crisis desatada en el seno de la Corte de Justicia y la Cámara de Diputados de Salta, luego del escándalo planteado a partir del rechazo al nombramiento de María Victoria Mossman como secretaria letrada de la jueza Susana Kauffman.
Este rechazo, que surge como potestad natural de los jueces de Corte, fue ampliamente debatido en la Cámara baja a partir de una presentación que hicieron las diputadas Virginia Cornejo y Liliana Mazzone. En paralelo, Kauffman elevó una denuncia por discriminación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A esto se sumó que el martes en la reunión de la Comisión de Justicia, el diputado Guillermo Martinelli, esposo de Kauffman, agredió a su par Cristóbal Cornejo por un comentario al pasar sobre el escándalo que hacía referencia a “un puterío” dentro del máximo tribunal.
Ayer, el hecho fue considerado por magistrados y legisladores como una intromisión que denota un caso de gravedad institucional extrema y que vulnera la independencia de los poderes del Estado.
La polémica tuvo repercusión mediática nacional y se planteó una cuestión de género, un punto que rápidamente fue aprovechado por los medios nacionales para destacar la violencia de género en la provincia con los resonantes casos de abusos sexuales y asesinatos de mujeres.
En este contexto tampoco es ajeno que el exministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Troyano, fue duramente fustigado hace unos meses luego de sus declaraciones sobre la responsabilidad de las propias mujeres en torno a los abusos. Sus desafortunadas palabras le costaron el puesto como titular de la cartera de Seguridad. Hoy Troyano está postulado para ocupar una de las nuevas fiscalías previstas en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia.
Con todo este panorama, el Gobierno trató de mantener distancia. Quedó la impresión de que el Ejecutivo desinflará la crisis.
La ministra de Justicia María Inés Diez, aseguró ayer a El Tribuno que esta es una situación que nunca tendría que haber superado los límites de “entrecasa” de la Corte. “El rechazo al nombramiento de una secretaria letrada es decisión de la Corte y yo confío en que este problema se va a solucionar dentro de ese ámbito”.
Diez negó que el Ejecutivo tenga que ver en este escándalo. “Este es un problema de la Justicia. El Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver”, sentenció la funcionaria, al tiempo que consideró que no existe un conflicto de poderes y que tampoco hay una necesidad de promover un juicio político.
Consultada sobre la actitud de Kauffman por ventilar estas situaciones, Diez no quiso hacer ninguna apreciación. “Son actos personalísimos en los que yo no voy a opinar”, aseguró. Sobre la imagen de la provincia la funcionaria insistió en que esto no le hace bien a la instituciones y abogó para que todo se solucione dentro del diálogo. En relación a la cuestión de género y a la supuesta discriminación contra Mossman, la ministra fue enfática: “Si uno hace números, la cantidad de mujeres que son juezas conforman casi el 50 por ciento en la distribución de los juzgados de distintos fueros. Si a eso le sumamos las secretarías, estamos hablando de la mitad de los cargos en manos de mujeres, por lo que no creo que se trate de una cuestión de género”.