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La presión de los inversores sobre España se mantuvo ayer en niveles máximos ante la posibilidad de que finalmente el eurogrupo establezca condiciones más rígidas al rescate de la banca española y dificulte la salida del país de la recesión.
El riesgo país de España, diferencial entre el bono español a diez años y el alemán de referencia al mismo plazo, marcó un nuevo récord histórico al escalar hasta los 575 puntos, con un rendimiento superior al peligroso 7%, límite a partir del cual el costo del endeudamiento es insostenible en el mediano y largo plazo.
El pasado viernes, la rentabilidad del bono a diez años superó transitoriamente la “línea roja” del 7%.
Las economías de Grecia, Irlanda y Portugal fueron intervenidas una vez superado este límite, aunque expertos advirtieron que el riesgo de rescate total aumenta cuando no solo escala el interés del bono a diez años sino que se disparan los bonos a corto plazo. La rentabilidad del bono español a dos años también subió 24 puntos hasta el 5,18%.
España se sitúa así en los niveles previos al Consejo Europeo del pasado 28 y 29 de junio, cuando los líderes de los 17 países miembros de la zona euro acordaron “flexibilizar” el uso del fondo de rescate para inyectar el dinero de forma directa en la banca y para comprar deuda de los países en problemas.
Sin embargo, aquel acuerdo demostró tener sus limitaciones. La reunión de Bruselas, en la que también se acordó un plan de crecimiento y una estrategia para avanzar hacia una mayor integración bancaria y fiscal en la zona euro, no consiguió su objetivo de devolver la confianza a los mercados.
Los inversores siguen exigiendo, en una dinámica peligrosa, que España e Italia aceleren las reformas para reducir el déficit público con el riesgo de que las medidas “recomendadas” a estos países por la “troika” de prestamistas internacionales -Bruselas, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- terminen ahogando aún más la economía.
El Gobierno español reconoció ayer que entre las medidas de ajuste que planea adoptar figura una suba del IVA, a pesar de que el presidente Mariano Rajoy había rechazado esta opción en reiteradas ocasiones, así como el aumento de las horas de trabajo de los empleados públicos y la equiparación del régimen de trabajo al de la actividad privada.