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El organismo a cargo de Diego Bossio dio cumplimiento con el pedido de informes sobre los juicios jubilatorios que le requirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal, el pasado 13 de junio, lo había solicitado. La respuesta es un documento elaborado por diversas áreas técnicas de la entidad que administra los fondos previsionales. Bossio, manifestó que, con el objeto de colaborar, se encuentra a disposición para formular todas las aclaraciones y ampliaciones que los magistrados consideren necesarias.
En el informe se brinda respuesta a cada uno de los ítems requeridos. Asimismo, se formularon, a modo de introducción, una serie de observaciones que permitirán contextualizar el alcance de la información solicitada y explicar la necesidad de mantener la sustentabilidad del sistema previsional. La estrategia de la Corte de Justicia de la Nación es depurar los juicios que tiene en su jurisdicción. El año pasado, el alto tribunal reclamó a la Anses informes adicionales sobre el eventual impacto fiscal que tendría un fallo que obligará a pagar a los jubilados entre 300.000 y 350.000 juicios por deudas y reajustes. Se consideró que esos informes permitieron, en su momento, establecer a ciencia cierta a cuánto ascendería el costo fiscal de un fallo general, una “acción de clase” impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Anses respondió que una parte de su recaudación va destinada al pago de jubilaciones y pensiones; otra, a la asignación universal por hijo y, finalmente, una tercera conforma un fondo especial con fines variados.
Hasta ahora, los reclamos de los jubilados y pensionados son individuales, pero un fallo colectivo fuerza un desembolso de dinero de las arcas del Estado mayor a lo que podría soportar en equilibrio el presupuesto nacional. La Anses sostiene que del total de juicios entablados, entre un 10 y un 20 por ciento son juicios considerados “innecesarios”, puesto que el cálculo de los que reclaman los ciudadanos de la clase pasiva no se condice con lo que arroja como resultado la liquidación final. A su entender, los cálculos deberían hacerse al principio del juicio y no al final, como ocurre ahora, depurándose cerca de 60 litigios.