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Que el Gobierno nacional fomente la participación juvenil en política y la reinserción de los presos en la sociedad no solo es saludable, es una obligación indelegable del Estado. En ambos casos, los cuestionamientos de la oposición no apuntan al fondo del asunto, sino a las desprolijas y arbitrarias formas de ejecución.
¿Por qué miembros de La Cámpora, en medio de banderas e insignias oficialistas, deben entregarle cuadernillos del ministerio de Educación a los chicos? ¿No debe ser la cartera educativa orgánicamente quién los reparta para no politizar el manejo de los fondos públicos? ¿Había miembros de otras agrupaciones políticas alejadas del kirchnerismo participando de esas entregas? Por supuesto que no, lo que demuestra sin mayor dificultad la discrecionalidad con la que se encaró el tema.
Esa misma discrecionalidad se tuvo con los presos afines al polémico Vatallón Militante, quienes gozaron de beneficios exclusivamente por estar alineados a la agrupación camporista, aún violando los principios más básicos para la salida de los detenidos de las cárceles. Tanto en un tema como en el otro, la defensa del oficialismo fue exactamente la misma: reivindicar la participación “política” y “cultural” como bienes de los que todos tienen derecho a gozar.
El argumento desvía el eje del debate y no se centra en el verdadero cuestionamiento, que es la ausencia del Estado para sus funciones más elementales y su reemplazo por organizaciones partidarias que se mueven como el Estado mismo.
El rol de las organizaciones
Las entidades sin fines de lucro siempre ocuparon un lugar importante en la sociedad, básicamente en temas sociales, el problema es que quienes están encabezando el ingreso de dirigentes a escuelas, jardines y prisiones no son otros que delegados directos de la Casa Rosada. De hecho, eso no se trata ni de esconder, ya que en la página web de La Cámpora pueden verse fotos de los funcionarios rodeados de banderas y libros del Eternauta, el personaje elegido por la agrupación de Máximo Kirchner para eternizar la figura de su padre.
Si bien es poco probable que avance la causa en su contra, porque el delito que se le imputa es difuso, por el tema ya hay un funcionario denunciado: el camporista Franco Vitali, quien depende de la jefatura de Gabinete que conduce Juan Manuel Abal Medina. El ascendente jefe de los ministros lidera un área clave para el Gobierno, ya que a su cargo tiene ni más ni menos que el manejo de los medios de comunicación y es en los hechos uno de los voceros principales que tiene Cristina de Kirchner. Bajó su ala está también buena parte de la influyente agrupación ultracristinista que dirige Andrés “Cuervo” Larroque y que copa la gran mayoría de todos los ministerios.
La militancia política en colegios secundarios y universidades públicas data de largo tiempo y nadie pretende eliminarla, ya que hacerlo sería una fuerte limitación de los derechos de los alumnos agrupados en sus centros de estudiantes. En jardines y escuelas primarias no existe ni siquiera esa sindicalización, ya que el poder de discernimiento político de los chicos de esa edad es prácticamente ínfimo y, por ende, fácilmente manipulable.
Algo similar ocurre con los presos, pero por razones ajenas al poder de discernimiento. Los detenidos casi no gozan de ningún derecho durante su cautiverio, y cualquier cosa que puedan hacer para minimizar eso los tendrá como protagonistas. Vatallón Militante lo sabe a la perfección, aunque su arbitrario y desprolijo accionar le trajo muchos más costos que beneficios a la Presidenta. ¿Impulsará el oficialismo en el Consejo de la Magistratura el juicio político para los jueces que dejaron salir a Eduardo Vázquez y al asesino de Gonzalo Acro, ambos a años luz de cumplir la mitad de su condena? Ya pasó un buen tiempo desde el escándalo y nada de eso se escuchó hasta ahora.
Una extraña comparación
La verborrágica Hebe de Bonafini respaldó la actividad de La Cámpora al señalar que “es mejor que a los chicos los forme” esa agrupación y no “los curas”. Y el mismo argumento podría usarse también para la “resocialización” de los detenidos. Muchos pueden preferir que a los delincuentes los reinserte Vatallón Militante y no el Servicio Penitenciario, si se tiene en cuenta el cuestionable accionar de varios agentes en materia de derechos humanos. Pero cuando se habla de entidades públicas, ese rol no es de ninguno de ellos sino del Gobierno, que es a quien la gente eligió para conducir a todas las áreas de la Argentina.
La comparación lo único que buscó fue eludir nuevamente el debate de fondo, que es la utilización partidaria de los presos, alumnos y niños.
“¿Había miembros de otras agrupaciones políticas alejadas del kirchnerismo participando de esas entregas?”