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Lo que menos hubo fue conciliación. La audiencia entre la Nación y Córdoba convocada por la Corte Suprema por los fondos jubilatorios solo reactivó el fuego cruzado entre ambas administraciones.
Es que ayer, y luego de casi dos horas de deliberaciones, la convocatoria del Superior Tribunal de Justicia, que ahora deberá definir el reclamo del gobierno de Juan Manuel De la Sota por $1.400 millones, tuvo un resultado previsible: el fracaso.
Por un lado el mandatario mediterráneo, en un “permanente” tono dialoguista, acusó al Gobierno nacional de pretender que baje las jubilaciones y que abandone el 82% móvil a los “pasivos” cordobeses, algo desmentido por los emisarios “k”.
De la Sota también acusó a la Casa Rosada de “borrar con el codo lo que firmó con la mano” y resaltó que “los cordobeses somos demócratas y confiamos en la justicia”.
Pero desde la Nación la postura “oficial” se mantuvo inamovible.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, no solo desmintieron las acusaciones del mandatario provincial sino además que exhortaron a Córdoba a tomar como promedio los últimos 10 años, en lugar de 4, para establecer el piso de los haberes jubilatorios.
Lorenzino contraatacó y aseguró que “es mentira que la Nación haya propuesto un ajuste o recortes en los derechos previsionales de los jubilados cordobeses”, como denunció De la Sota y explicó que “la provincia de Córdoba tenía el derecho de tener su propio sistema previsional”, pero dejó en claro que “solamente un 16 por ciento de los jubilados cordobeses cobran del sistema provincial”.
Además, el titular del Ministerio Economía garantizó que “la Nación no tiene intenciones de restringir, recortar, ajustar ni suspender ningún derecho adquirido de los jubilados de Córdoba”.
Finalmente aseguró que los “problemas” de gestión que se registran en Córdoba, y que llevaron al oficialismo local a votar “entre gallos y medianoches” en la Legislatura provincial una reforma del sistema jubilatorio, “no tienen que ver con el papel de la Nación” y su administración de fondos.
Por su parte, Bossio instó al gobernador a respetar el convenio firmado con el Poder Ejecutivo central para “armonizar” el sistema jubilatorio local, a cambio de que la Nación financie su déficit previsional.
Finalmente expresó que De la Sota en la reunión en la Corte parecía “un político en campaña” y planteó que le faltó “rigurosidad” para analizar la situación, al tiempo que recordó que desde 2002 a la fecha, la Nación le giró a Córdoba más de $ 4.411 para su sistema previsional.