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La Sala II de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento para los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, a quienes agravó las acusaciones, y ratificó la de los empresarios Sergio Claudio y Mario Cirigliano, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012.
Asimismo, el Tribunal revocó el sobreseimiento y procesó al maquinista Antonio Córdoba por el delito de estrago culposo. Los jueces agravaron la situación de los ex funcionarios por la expectativa de pena de las figuras penales y en atención a que por estrago culposo se prevé cinco años de cárcel y el de administración fraudulenta unos seis, con lo cual en caso de ser condenados por la máxima superarían los diez años.
A los exfuncionarios, entre quienes están Pedro Ochoa (titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte entre febrero de 2004 y diciembre de 2007) y Antonio Luna (exsubsecretario de Transporte), la Cámara les equiparó su situación penal a la de los empresarios, y los procesó por estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun en cambio no hicieron lugar al pedido de las querellas y la fiscalía de endilgarles el delito de asociación ilícita.
El tribunal también revocó el sobreseimiento de Antonio Sícaro (ex titular de la CNRT), quien en agosto pasado había sido ascendido a subsecretario de Regulación Normativa del Transporte y debió presentar su renuncia por la causa: al igual que al resto, le impuso embargos de 600 millones de pesos.
“Lo cierto es que el progresivo deterioro de los trenes y, con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal”, recalcó el Tribunal respecto del hombre que durante los últimos años tuvo a su cargo el control de todo el transporte público nacional.
En cuanto a los ex secretarios de Transporte, los jueces señalaron que “no caben dudas” de que Jaime y Schiavi “se encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio por parte de TBA.