inicia sesión o regístrate.
La primera semana del año tuvo su protesta singular. El miércoles pasado una mujer comenzó una solitaria manifestación con un cartel en plaza 9 de Julio: Alejandrina Cayo llegó hasta la Capital provincial para manifestarse contra la intendenta de Rosario de la Frontera, Rómula Gómez de Montero.
La mujer hizo huelga de hambre porque cree que su despido y el de su hijo fue “injustificado”. Ambos eran empleados de la Municipalidad de esa localidad del sur provincial.
Su hijo tenía 8 años de antigedad como contratado y fue despedido sin previo aviso, según comentó a El Tribuno
Alejandrina comentó que se desempeñaba como personal no docente en la escuela de Comercio 5.009 “Nuestra Señora del Rosario” y que también quedó sin su trabajo.
Cayó aseguró que entre el sueldo de su hijo y el plan social de ella juntaban algo menos de mil pesos mensuales.
Cansada ya de reclamar y pedir algún canal de comunicación con Gómez de Montero decidió trasladar su protesta a la Capital provincial.
Su objetivo era que el Gobierno provincial conozca su situación y la de varios exempleados municipales contratados que -según denunció- son “despedidos discrecionalmente por la intendenta”.
El miércoles por la mañana dejó en el Grand Bourg una carta dirigida al gobernador, Juan Manuel Urtubey, pidiendo algún tipo de mediación ante Gómez de Montero.
Cayo dijo ante varios medios capitalinos que la intendenta maltrata a los trabajadores y habló de “abuso de poder” en los despidos que se vienen dando paulatinamente.
Explicó que su hijo había sido despedido por una serie de notas que envió al municipio para solicitar que lo pasen a planta permanente, trámite que nunca tuvo una respuesta positiva.
Dijo que el de su hijo no es el único caso y que es muy “común el mal proceder de la intendenta”. Expresó que “es un verdadero abuso de poder de parte de la jefa comunal”.
El Tribuno intentó una comunicación telefónica con la intendenta Gómez de Montero para que brinde su versión sobre la grave denuncia en su contra. Su secretaria respondió que la funcionaria “estaba muy ocupada” y nunca respondió los llamados.
La promesa
Hasta el lugar donde protestaba Alejandrina llegó el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Hanne.
El funcionario se reunió con la mujer y se comprometió a intervenir en la situación.
Hanne dialogó luego con El Tribuno y dijo que a partir de ahora estudiará la denuncia de la mujer.
En base a ese análisis pedirá reunirse con las autoridades municipales de Rosario de la Frontera para mediar y buscar alguna solución.
El funcionario dijo que, además, aprovechará “porque son varios los pedidos” por casos similares.
Cayo finalmente desistió de la medida de fuerza ante la promesa del Gobierno de tener una respuesta para dentro de los próximos 15 días.