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Luego de una cordial reunión, a la que funcionarios del gobierno calificaron como muy satisfactoria, las empresas automotrices agrupadas en Adefa como las subsidiarias de autos importados acordaron suscribir US$ 300 millones en BAADE.
Se comprometieron Cristiano Rattazzi (Fiat), Alejandro Echeagaray (BMW), Leonardo Maffioli (Chery), Enrique Alemañy (Ford), Isella Costantini (General Motors), Martín de Gaetani (Honda), Guillermo Artagavytia (Hyundai), Natale Rigano (Iveco), Franco Collia (Kia), Roland Zey (Mercedes Benz), Omar Daneri (Nissan), Hernán Bardi (Peugeot Citroen); Thierry Koskas (Renault), César Ramírez Rojas (Scania), Daniel Herrero (Toyota), Emilio Sáenz (Volkswagen) y Gustavo Cejas (Volvo Trucks & Buses).
El tema fue analizado durante una reunión que tuvo lugar en dependencias de la secretaría de Comercio Interior con la participación del titular de dicha cartera, Guillermo Moreno, la ministra de Industria, Débora Giorgi, el director del Banco Central, Pablo López y Andrea Bovris, Jefa de Gabinete del ministerio de Economía.
El “pongui pongui” del Secretario de Comercio, a lo que se sumó la flexibilización de las condiciones del BAADE, contribuyeron a que ya el Gobierno cuente con la promesa de unos US$ 1.000 millones. A esta cifra se llega con los 500 millones que suscribirá la petrolera Bridas. En su momento, Carlos Bulgheroni, señaló que la suscripción de BAADE es “el canal apropiado para ingresar capitales para el desarrollo de nuestros proyectos en el área de hidrocarburos”, en particular esta inversión será destinada a Vaca Muerta. El pedido gubernamental de suscripción de BAADE a estas empresas registra como antecedentes solicitudes similares formuladas en las últimas semanas a empresas cerealeras, bancos e industrias del rubro alimenticio.
Las cerealeras quienes mantuvieron varias reuniones en el despacho del secretario de Comercio estaban dispuestas a suscribir unos US$ 500 millones pero a cambio de que exista un mercado secundario donde comercializar los bonos. El Banco Central a través de una normativa frenó esta posibilidad y las cerealeras por ahora se resisten. Situación similar ocurre con las empresas mineras, que siguen sin aceptar la invitación.