Hay reformas y reformas: la del Código Civil, sin lugar a dudas, será una de las más trascendentes en años para la Argentina. Los juristas que se embarcaron en esta modificación remarcaron que se trata de una iniciativa que repercute “directamente” sobre la conducta de los ciudadanos.
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Hay reformas y reformas: la del Código Civil, sin lugar a dudas, será una de las más trascendentes en años para la Argentina. Los juristas que se embarcaron en esta modificación remarcaron que se trata de una iniciativa que repercute “directamente” sobre la conducta de los ciudadanos.
“Un código, como cuerpo de leyes, debe estar de acuerdo con las tendencias y modos de ser de la sociedad a la que está destinado a regir, encauzando las relaciones jurídicas entre los individuos”. Con ese mensaje, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, justificó la necesidad de elaborar un nuevo Código Civil. Sabido es que va a generar un fuerte impacto, pues se trata de uno de los cambios más trascendente en materia de derecho de los últimos 140 años, principalmente por los nuevos conceptos que incorpora. Cambios en el matrimonio, el divorcio, la familia, las sucesiones y en las responsabilidades del Estado.
Ahora que terminó el período electoral y los legisladores retomaron el proyecto para reformar y unificar el Código Civil y Comercial, la Comisión Bicameral -encargada de su redacción final- emitió dictamen y la iniciativa está a un paso de recibir media sanción en la Cámara de Senadores el próximo miércoles. Sin embargo, recién en 2014 lo tratarán los miembros de la Cámara Baja -así lo anunció el jefe de Gabinete Jorge Capitanich- y no por falta de tiempo sino por las diferencias que surgieron dentro del bloque oficialista con respecto a la fertilización asistida y por la lucha con la oposición sobre el articulado referido a la responsabilidad del Estado.
Lo cierto es que el proyecto de reforma que ingresó a la Cámara de Diputados en febrero de 2012 -elaborado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y la jueza Aída Kemelmayer- recibió alrededor de 180 modificaciones por parte de los legisladores, aunque el espíritu de la iniciativa aún se mantiene. Por su parte, el Ejecutivo nacional también envió un proyecto con modificaciones, varias de las cuales ya fueron introducidas.
La reforma plantea la incorporación de 2.671 artículos que reemplazarán a los 4.000 que tiene el actual Código Civil y los 506 del Comercial. Si bien las modificaciones se realizaron luego de largas audiencias en la que participaron organizaciones civiles y ciudadanos de todo el país, los legisladores de las distintas fuerzas que integran la Mesa Bicameral se embarcaron en un duro proceso de negociación sobre los principales puntos que se cuestionan de la medida. Incluso, la Iglesia católica también intervino para evitar que se incorpore la figura de “alquiler de vientres”.
“Un Código Civil y Comercial adecuado a los tiempos de hoy es fundamental. Necesitamos una legislación codificada que acompañe la vida cotidiana de la gente”, le dijo a El Tribuno la legisladora nacional y miembro de la Mesa de Reforma, María Luisa Storani.
Tal como se lo solicitó la Iglesia, el kirchnerismo cedió y aceptó que la vida humana arranca a partir de la concepción. “En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer”, reza el artículo 20 del Libro I del proyecto. Con el matrimonio y el divorcio exprés, el oficialismo levantó la polémica por la diferencia radical que plantea comparado con la actual legislación. En primer lugar, incorpora el matrimonio igualitario -ley 26618- e introduce nuevos mecanismos referidos a la disolución de los contrayentes. Con el solo consentimiento de una de las partes y sin causa necesaria es que se podrá romper el vínculo y obtener el divorcio. Tampoco se necesitará un plazo de tiempo determinado para solicitar esa figura. Las uniones convivenciales ahora podrán celebrar pactos sobre cómo cada uno de los contrayentes contribuirá para sostener la familia y en caso que no se celebren, las partes podrán mantener la titularidad de sus bienes bajo su propias custodia. Para el caso de las adopciones, el nuevo código permite que el niño tenga mayor participación en el proceso de decisión respecto a quienes son sus padres. El punto que generó discordia dentro del propio bloque oficialista fue el referido a la fertilización asistida, ya que el ala más conservadora -encabezada por el senador Miguel Pichetto- ve de reojo la posibilidad de que se incorporen nuevas técnicas referidas a la fecundación in vitro o inseminación artificial. El código equipara la reproducción natural con la artificial.
Por último, otro de los grandes cambios y el más polémico a nivel político es el que se refiere a la responsabilidad del Estado. Este punto también abrió un amplio debate y rompió el consenso que existía en la Mesa Bicameral entre oficialistas y opositores. Apunta a desligar al Estado de cualquier hecho civil que genere lesiones en un individuo o en una empresa, y sus obligaciones quedan reducidas solo al ámbito del derecho administrativo (ver página 4).