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Pese a que no solucionará en absoluto el problema de la inflación y que aporta un importante manto de incertidumbre para el día después, siempre un lado positivo puede rescatarse: el acuerdo de precios que impulsó Guillermo Moreno muestra al menos una preocupación oficial por un tema que hasta el momento había ignorado por completo.
¿Por qué la Casa Rosada comienza a tomar medidas drásticas, aunque de muy dudosa eficiencia, recién ahora? Porque el Gobierno percibe que la carrera frenética entre precios y salarios empezó a tener un resultado negativo para el bolsillo de los trabajadores. Esa disputa entre las dos variables venía hasta 2011 teniendo un saldo parejo e incluso algo favorable para los asalariados, pero eso cambió por completo.
El problema principal de este tipo de medidas no es tanto su aplicación en sí, sino que no vienen acompañadas de un plan integral que las contenga. “Que disfruten de estos dos meses, después el Gobierno tomará medidas”, señaló esta semana a El Tribuno la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María “Pimpi” Colombo. La afirmación, en los hechos, actuó como una confesión: el Gobierno admite que desconoce aún qué es lo que vendrá el día después. ¿Puede ser que lo sepa y no quiera anunciarlo con antelación? Podría ser, pero sería una decisión que agrandaría innecesariamente la incertidumbre en la economía. A mayor información, mayor certidumbre y a mayor certidumbre, mayor previsibilidad. En eso no hay mucha ciencia.
¿Quién va a oponerse a que los precios no suban por sesenta días cuando venían aumentando de manera incontrolable? Obviamente nadie, pero es una jugada que tiene riesgos mucho más altos de los que se discuten públicamente.
El Palacio de Hacienda se encuentra en una disyuntiva de muy difícil resolución para el 1 de abril: o extiende el acuerdo de precios por más tiempo, provocando una sensación de eternidad, o permite que los incrementos se den de un solo saque, generando un nuevo rebrote inflacionario. Entre tantas dudas, hay una certeza en el horizonte: el Gobierno no bajará el gasto público al menos hasta octubre, fecha en la que se juega su continuidad en las elecciones parlamentarias.
Este congelamiento se da en medio de las paritarias gremiales y pocos días después de la exigua suba del 20 por ciento al mínimo no imponible de Ganancias. La cifra del 20 por ciento no es ni más ni menos que el techo que el Gobierno busca poner en las negociaciones salariales. Otra cosa no podía hacer: ¿cómo pedirle a los gremios un porcentaje similar a ese si el mismo Gobierno no lo toma como propio en sus anuncios? La paritaria docente, que según dijo Alberto Sileoni a El Tribuno cerraría en menos del 25 por ciento, no puede dejar de leerse en ese contexto.
Es evidente que el kirchnerismo, que se juega la vida en las elecciones, tomará en los próximos meses medidas de alto impacto en la opinión pública para revertir esta crisis de expectativas. Quizás sea por eso que todavía no aumentó el monto de la asignación universal por hijo, fuertemente devaluado por la inflación. La idea de la Presidenta sería ir espaciando los anuncios para llegar a la fecha clave con una batería de sorpresas.
La devaluación en Caracas
La abrupta devaluación que el viernes hizo Venezuela de su moneda puede ser vista por muchos como un anticipo de lo que vendrá aquí. Sin embargo, una reflexión de ese tipo es por ahora una utopía. Si bien hay coincidencias en varios aspectos de la economía de los dos países, como las altas tasas de inflación y los controles cambiarios, hay una diferencia sustancial: los petrodólares para cubrir el déficit que tiene Caracas no están aquí. El Gobierno argentino difícilmente tenga pensado devaluar el dólar oficial, entre otros motivos, porque actualmente nadie lo puede comprar y porque dispararía aún más la suba generalizada de precios.
Esa decisión implicaría un cambio abrupto en las expectativas económicas y, pese a lo retrasadísimo que hoy está el dólar, podría tener más consecuencias adversas que beneficiosas para el país.
La técnica de la amenaza
Empleados y ejecutivos de algunas de las principales cadenas de supermercados, en estricto “off the record”, detallaron las presiones recibidas por parte de Guillermo Moreno, para cumplir con el “acuerdo” de congelamiento de precios que incluye también la prohibición -siempre de manera verbal- de publicitar sus ofertas en los diarios y en la televisión. Las amenazas relatadas por las fuentes llevan el sello de Moreno.
En una de las principales cadenas, el funcionario dijo que si la empresa no cumplía con todos los puntos del acuerdo, él no les permitiría importar ningún producto. En otra empresa no descartó una expropiación.