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Más de 350 vecinos de Salvador Mazza, de distintos barrios, sectores políticos y clases sociales, se congregó anoche para reclamar seguridad. Es que en la frontera más caliente de la Argentina ya no quedan vestigios de ese pueblo fronterizo tan ligado al comercio y en donde todos se conocían. El narcotráfico está dejando su huella y sus muertos; corrompiendo el futuro de cientos de jóvenes y arruinando familias.
El Tribuno recogió testimonios de los habitantes de la ciudad fronteriza, de los que se distinguen esbozos de una realidad dura, donde la violencia, los robos, el paco, la cocaína de exportación y las venganzas parecen querer volverse moneda corriente.
Los datos dicen que es la puerta de entrada de la cocaína a la Argentina. Las grandes cantidades de estupefacientes que atraviesan diariamente el límite con Bolivia suelen tener destino de exportación, pero ese negocio de peces gordos que llenó de sangre y venganza la zona, no es la única preocupación de los ciudadanos de Salvador Mazza. El microtráfico de drogas, es decir la venta callejera, está destruyendo miles de hogares, como el de Mario Mashour.
Es sirio libanés, padre de cuatro hijos y presidente de una de las tantas cámaras de comercio del pueblo. Hace 33 años que vive en Salta, donde orgullosamente nacieron sus dos nietos. En Semana Santa de 2008 comenzó su calvario con el secuestro de su hijo, que afortunadamente terminó bien después de tres semanas de miedo. En 2009 uno de sus hijos cayó en las garras del paco, pasta base de cocaína, definida por algunos como “droga de exterminio” por los irreparables daños cerebrales que está dejando en generaciones enteras. En 2009 se escapó por primera vez de su rehabilitación en el centro Betania y desde ahí fracasaron todas las estrategias para alejarlo de la droga. “Casi no duermo. No vivo en paz”, contó. Probó todo, pero tuvo que hacer algo que nunca hubiera imaginado.
Desde octubre pasado a la fecha sufrió cuatro robos en su casa, en uno le pusieron una pistola en la cabeza y en otro lo desvalijaron. La última vez, en diciembre, descubrió que solo alguien de su misma sangre tendría que haber participado. “Tuve que denunciar a mi hijo y pelear contra viento y marea para que no lo liberen. Acá no hay centro de rehabilitación y la cárcel, por ahora, es lo único que lo mantiene alejado de su entorno, que lo tiene extorsionado con su adicción. Los obligan a robar y los meten en un círculo del que no se puede salir. Le dije al juez que si lo suelta y mi hijo termina matando a alguien, él va ser el responsable”, relató.
A fin de año, otro de sus hijos que también es adicto, fue detenido en Tartagal por robar una moto.
Para Mario el problema de fondo es la falta de oportunidades para la juventud. “Llega mucha plata al municipio, pero no se refleja en ningún lado. La infraestructura no cambió en décadas y no hay trabajo, ni centros de estudio para formar a los chicos, que no tienen nada que hacer, ni una pileta o polideportivo. Con este panorama es mucho más fácil que caigan en la droga”, opinó.
Un pueblo que ya no es lo que era
Luis Severich tiene 65 años. Es ordenanza en una escuela hace 16 años y fue despachante de aduana por 25 años. “Como nativo de Salvador Mazza me siento mal al ver en la situación en la que nos encontramos. Este pueblo sabía ser otra cosa y hoy duele ver cómo nos atrasamos 40 años por la pésima gestión municipal”, opinó.
“Le pedí al gobernador Urtubey el miércoles pasado que haga lo mismo que hicieron en Mosconi. Acá nadie rinde cuentas. Nunca jamás vivimos esta inseguridad. A la juventud uno tiene que sacarla del pueblo, porque acá no hay una solución para ellos”, agregó Luis.
José Rodolfo Crausas nació en Salvador Mazza. Tiene una empresa de transporte. Su abuelo se instaló en la zona en 1930. Fue concejal en 2005. “El pueblo creció, pero no la infraestructura, que es la misma de siempre. Hay una sola ambulancia para más de 25.000 habitantes. Para colmo se siente mucho la partida de Gendarmería Nacional hacia Aguaray. Estamos mal”, opinó. Consultado por este medio, el ministro de Seguridad de la Provincia, Eduardo Sylvester, afirmó que el reclamo es “absolutamente legítimo” y que “se están enfocando todos los esfuerzos en llevarle tranquilidad a la gente”. El joven ministro dijo que se destinarán más recursos a los lugares críticos y que se multiplicarán los operativos sorpresa como el de esta semana, en donde participaron 120 policías y quedaron detenidas 33 personas. “Desde noviembre arrancamos con los procedimientos en el norte y tuvimos muy buenos resultados. No se van a discontinuar y estamos convencidos que los frutos se verán más temprano que tarde”, agregó.