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Brunilda Rojas está a días de cumplir 80 años. Sus huesos están cansados y no quiere irse de este mundo sin poner una flor en la tumba de su hija. Tienen su vida aferrada a ese deseo que la mueve desde hace 37 años en su inclaudicable reclamo por verdad y justicia.
Su hija, Silvia Aramayo, tenía 23 años la madrugada del 24 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas la arrancó de su casa, para hacerla desaparecer, como a otros miles y miles, en el execrable infierno del terrorismo de Estado.
La madre de Silvia señaló entre los raptores a Juan Manuel Ovalle, un presunto infiltrado de inteligencia que se había sumado a las clases que dictaba su hija en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Este acercamiento le permitió a él frecuentar la casa donde la joven docente vivía con su mamá y hermanos menores.
La noche del secuestro, los cuatro integrantes del comando criminal ingresaron a la vivienda de Aniceto Latorre al 1800 como si la hubieran conocido de toda la vida. Sin dudarlo, fueron hasta la pieza donde Silvia dormía junto a su hermana menor, Nora Aramayo. La más chica parecía invisible a los ojos de esos demonios de carne y hueso. Fueron directo a la cama de Silvia y se la llevaron.
Desde aquel 24 de septiembre de 1976, Brunilda sostiene, sin cambiar una coma en su testimonio, que era Ovalle quien encabezaba a los raptores aquella siniestra madrugada.
Ovalle es el primer civil que enfrenta un juicio en Salta por crímenes de lesa humanidad, en la denominada megacausa de la UNSa. Aunque los secuestradores de Silvia tenían sus rostros cubiertos con medias de mujer, Brunilda jura desde el primer día que lo reconoció por su voz y contextura.
En el juicio, Ovalle comparte el banquillo con 16 militares y policías acusados en 37 casos relacionados con crímenes del terrorismo de Estado, perpetrados entre 1975 y 1978.
Uno de los procesados, el comisario Vicente Abel Murúa, era hermano de Ovalle por parte de madre. Falleció en agosto de 2012 a causa de una enfermedad terminal. Un mes después murió otro de los imputados, el teniente coronel Ubaldo Tomislav Vujovich Villa.
Ante estos antecedentes, y para evitar lo que caracterizan como “impunidad biológica”, familiares de las víctimas y abogados querellantes piden evitar dilaciones en el juicio.
El debate oral y público se reanudará el lunes 18, luego de un mes de audiencias interrumpidas -primero- por desperfectos técnicos en el sistema de teleconferencia y -después- por los problemas de salud de otro imputado, Joaquín Cornejo Alemán.
Aún restan 90 testimoniales y varios de los testigos están atemorizados ante presiones de Ovalle. Con más de un caso constatado, el fiscal Ricardo Toranzos y querellantes solicitaron al Tribunal Oral Federal de Salta que el presunto espía civil sea encarcelado. El tribunal rechazó el pedido, pese a los probados abordajes a testigos. Uno de los casos fue denunciado desde Córdoba, donde el testigo José Luis Salazar recibió una llamada del imputado el mismo día y hora en que recibió la citación para declarar. Otro testigo condicionado por Ovalle es el exintendente capitalino Eduardo Sángari.
Kiriaco: “Una lucha desigual”
“Con sus presiones a testigos, Juan Manuel Ovalle sigue construyendo su propia impunidad”, denunció Tania Kiriaco, la abogada que representa a Brunilda Rojas en el juicio que se reanudará el lunes 18.
La letrada insistió en que Ovalle debería esperar el veredicto “tras las rejas”, para evitar que siga “atemorizando a testigos” del juicio oral y público que lo tiene en el banquillo como presunto partícipe civil de crímenes del terrorismo de Estado. Kiriaco afirmó que el megajuicio deja ver “la desigualdad entre una humilde familia de trabajadores y un imputado con vínculos políticos”.