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Que la Justicia argentina se encuentra largamente en falta con la sociedad a la que pertenece no es ninguna novedad y, aunque parezca inverosímil, debe decirse que es muy poco o nada lo que se ha hecho para superar los déficits y defectos que la aquejan, entre los que se encuentra su falta de democraticidad.
Un aspecto sobre el que se ha pretendido incidir con algunas reformas ha sido el modo de acceso a la judicatura (relacionado con la deseable independencia de criterio que debe lucir el Poder Judicial). Por eso se instalaron en muchos distritos y provincias los Consejos de la Magistratura que tampoco han mostrado aptitud para evitar las siempre existentes influencias políticas en la designación de los jueces.
Las transformaciones pretendieron menguar la antigua discrecionalidad política en las designaciones que implicaban a presidentes, gobernadores y senadores, para reemplazar ese mecanismo por merecimientos personales y académicos de los aspirantes.
Pero ocurrió que a la vieja discrecionalidad de los políticos se fueron sumado -en el nuevo sistema del Consejo de la Magistratura- nuevas y variadas “discrecionalidades” de los miembros de esos Consejos (que también deben cumplir compromisos y acomodar a su gente), lo que terminó por dejarnos un esquema peor que el anterior a la reforma que los introdujera.
Ahora bien, si el aspecto más abordado por medio de reformas constitucionales, legales, decretos, reglamentos, etc. -como lo fue la introducción de los Consejos de la Magistratura- arrojó este resultado, qué podría esperarse de los nunca atacados déficits de calidad (vinculados con la formación académica de grado y de posgrado de los magistrados) y de eficacia (falta de respuestas oportunas a los pleitos) además de los concernientes a la independencia del Poder Judicial.
¿Qué podría esperarse? Que la situación fuera la que es. Que la judicatura argentina cargue un enorme descrédito social.
Quienes operamos desde hace muchos años en el sistema judicial sabemos que la falta de democratización no es -ni por asomo- el peor de sus defectos y francamente vemos descaminados los proyectos que se han anunciado para remover las causas que generan tanta mora y tanta indolencia.
El hecho de que un juez que antes no pagaba impuestos a las ganancias los pague en el futuro, ¿en qué podría mejorar la administración de justicia? La deseable publicidad de las declaraciones juradas de los magistrados, ¿provocará un mejor funcionamiento de la Justicia? Creemos que no, que nada tiene que ver un asunto con el otro.
Si bien estas propuestas que eliminan privilegios son plausibles y bienvenidas, nos parecen insuficientes para el fin confesado de democratizar la Justicia -y más todavía de mejorarla-, pues ello supone modificaciones más intensas y profundas. Por eso lamentamos que los esfuerzos que vayan a realizarse -si son solo los anunciados- retrasen las necesarias reformas.
¿Es más democrático que los miembros del Consejo a la Magistratura sean elegidos por el voto popular? Sin duda que lo es. Sin embargo, no puede decirse que ese cambio mejorará el acceso a la Magistratura. Al contrario, tal metodología democrática facilitaría que algunas fuerzas políticas pudieran dominar las mayorías del Consejo y designar jueces afines ante una coyuntural mayoría electoral. De lo dicho se desprende que una cosa es mejorar la Justicia y otra democratizarla.
Se adjudica a Richelieu haber dicho que “es mucho más fácil advertir los problemas de la Justicia que solucionarlos”, frase que parecería explicar los anuncios presidenciales.