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Democratizar la Justicia, al igual que cualquier otro poder del Estado, no puede dejar de verse como un hecho casi obligatorio para cualquier gobernante elegido por el voto popular. El problema con el proyecto oficial no es tanto su letra chica, sino su contexto: está impulsado exclusivamente por el fracaso de la ley de medios.
Las reformas, para ser fundacionales, deben estar sustentadas en principios alejados de cualquier coyuntura. Esta, a la luz de los sucesos y de la división del Poder Judicial, no parece ser el caso.
De todos modos, la Corte se encargó el lunes de alejarse de la disputa con el Gobierno: bajo ningún concepto quiere quedar como un enemigo del kirchnerismo. Ese rol, claro está, no le fue nada cómodo ni al campo, ni a los medios, ni a la Iglesia, ni a los sindicalistas opositores.