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La violentísima protesta y el desalojo de viviendas ocupadas ocurridos en Embarcación el miércoles fueron el corolario de serios problemas regionales, reconocidos pero silenciados.
Las organizaciones piqueteras se han convertido en actores sociales en todo el departamento de San Martín, con metodologías compulsivas que responden más a las necesidades políticas y a los negocios de sus dirigentes que a las urgencias laborales, que existen.
No se puede reemplazar el empleo genuino, que requiere condiciones que en San Martín no se están dando, por el subsidio. De la misma manera, no se puede suplir la falta de capacitación profesional por la presión violenta y los cortes de rutas.
Los violentos ataques a la sede municipal y al intendente Alfredo Llaya fueron protagonizados por activistas y desocupados que exigen ser incorporados a la empresa Contreras, encargada de la construcción del sistema de transporte de gas. Argumentan que Llaya los dejó afuera.
La realidad es que el desempleo real en San Martín merodea desde hace tiempo el 50 por ciento y la sequía - que ya lleva dos años, con declaración de emergencia pendiente por inacción oficial - anuncia una catástrofe social.
El otro aspecto crítico que estalló en Embarcación es la especulación electoral con la inauguración de viviendas. Los usurpadores de las 100 viviendas sociales fueron legítimamente desalojados. Sin embargo el Gobierno viene demorando artificialmente la entrega de esas casas, construidas para satisfacer una necesidad, para adecuar la fecha al cronograma electoral y a la campaña del candidato oficialista.
Después de una batalla que dejó quince detenidos y numerosos heridos, Embarcación vivió ayer una jornada tranquila. Hubo un reclamo pacífico para que se liberen a los manifestantes detenidos, quienes fueron trasladados a la localidad de Padre Lozano, a 30 kilómetros de Embarcación.
“El principal desencadenante debe buscarse en el desempleo y la escasez de casas. La falta de contención social, hizo que estalle la gente”, expresó a este medio, Hugo González, exconcejal de Embarcación.
Las organizaciones de desocupados de General Mosconi y Tartagal tienen previsto desarrollar nuevas movilizaciones. Van a protestar por los incidentes del miércoles, contra la policía y contra el intendente.
Como agravante, se va a demorar más aún la entrega de las casas del conflicto. La empresa explicó que los daños sufridos durante la ocupación extenderán los plazos hasta setiembre, aunque están terminadas en un 96 por ciento. Seguramente, Rodolfo Urtubey irá a cortar la cinta pocas semanas antes de las elecciones.