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El rechazo del Gobierno de Irán era esperable. Ayer, a través de una breve declaración, negó haberse infiltrado en varios países de Sudamérica instalando estaciones de inteligencia con fines terroristas, tal como había denunciado la semana pasada el fiscal Alberto Nisman, quien investiga el atentado contra la mutual judía AMIA. En lo que es la primera respuesta oficial, Teherán intentó descalificar el último informe del fiscal al calificarlo de “sionista”.
“Debido al historial y carácter sionista de ese fiscal, nosotros no damos ninguna importancia a sus afirmaciones”, dijo una fuente de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, sin dar más detalles.
El nuevo roce entre el Gobierno de Irán y el fiscal se produce pocas semanas después de que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, puso en vigencia a través de un decreto el memorándum de entendimiento con el Gobierno de Cristina Fernández, para avanzar en el esclarecimiento del atentado. Uno de los resultados que se espera es la indagatoria a ocho iraníes -entre ellos funcionarios, exfuncionarios e incluso un expresidente- para llegar a los responsables del cruento ataque que dejó 85 fallecidos.
La Casa Rosada aún está a la espera de la notificación oficial del decreto firmado por el líder iraní, instrumento que utilizó para eludir a la Asamblea Legislativa de su país, que demoraba la aprobación del memorándum firmado el 27 de enero y aprobado por el Congreso argentino al mes siguiente. “El acuerdo no está vigente”, dijo Alberto Nisman horas atrás a El Tribuno.
Una relación complicada
Si bien el kirchnerismo logró un rápido trámite legislativo para aprobar el memorándum con Irán, la comunidad judía y la oposición política descreen que vaya a contribuir efectivamente a resolver la causa judicial por la AMIA.
La semana pasada Nisman elevó un dictamen de 500 hojas al juez Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de la investigación por el atentado. En ese documento acusa a Irán de infiltrar estaciones de inteligencia “destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”, en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.
En el dictamen, con el que busca reafirmar la pista iraní, Nisman afirma que el atentado a la mutual judía en Buenos Aires habría sido parte del “engranaje” de “penetración” en la región, llevado a cabo por “instrucciones impartidas por Teherán”.
Como medida de prueba, Nisman pidió a Interpol que “extreme los recaudos tendientes a potenciar” los procedimientos “para lograr la detención de la totalidad de los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional”.
La acusación de Nisman coincide con una resolución del Congreso de Estados Unidos, en diciembre, que pide al Departamento de Estado un informe sobre la penetración iraní en América Latina, información que espera recibir este mes.
Otro planteo contra el convenio
Un grupo de abogados de víctimas del atentado contra la AMIA presentaron ayer ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral un planteo de inconstitucionalidad del acuerdo celebrado entre la Argentina e Irán para avanzar en el esclarecimiento del ataque perpetrado en 1994. Los abogados Carlos Wiater, Juan Richarte y Diego Sznurewicz objetaron la validez de la ley 26.843, que aprobó el acuerdo en el Congreso por la parte argentina, tal cual lo fijaba el tratado.
“Al crearse la denominada “Comisión de la Verdad” que revisará el caso AMIA, se está avanzando claramente sobre la independencia del Poder Judicial argentino, instituyendo una suerte de Tribunal revisor”, sostuvieron los abogados. Objetaron que “no se habla de declaración indagatoria ni se hace referencia a ninguna disposición del Código Procesal Penal de la Nación Argentina”, por lo cual el acuerdo no contempla cuestiones básicas para una investigación según las leyes loca les.