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Una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar para dejar sin efecto las reformas introducidas en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación por la ley 26.855, fue presentada la semana pasada en Salta por un grupo de dirigentes de distintos partidos. La demanda está dirigida contra el Estado nacional y fue interpuesta ante el juez federal con competencia electoral en Salta, Julio Leonardo Bavio.
La demanda fue iniciada por los dirigentes Carlos Saravia y Federico Núñez Burgos, de la Unión Cívica Radical (UCR); Carlos Morello y Miriam Vázquez Ursagaste, de Libres del Sur, y Antonio Soria, del Partido Socialista. Anticiparon que la acción tendrá un trámite que podría agotarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación se enmarca en una estrategia de rechazo a la avanzada del kirchnerismo sobre el Poder Judicial. “Esta demanda forma parte de un plan de lucha de los partidos políticos de oposición y entidades de bien público que consideran que debemos preservar la vigencia de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial en momentos en que se advierte que el gobierno que encabeza Cristina Kirchner evidencia focos de corrupción y busca el manejo de la justicia para obtener impunidad”, señaló Saravia. Los actores denuncian que la norma impugnada no sólo modifica el régimen de los partidos políticos al compelerlos a llevar en sus boletas a candidatos al Consejo de la Magistratura, sino que además crea categorías arbitrarias para la adhesión de boletas que perjudican directamente a las fuerzas partidarias. También advierten sobre el peligro que genera que el Poder Judicial pierda su independencia; la desaparición de la garantía de inamovilidad de los jueces al establecer que con mayoría absoluta del Consejo de la Magistratura puedan ser designados, suspendidos y acusados; la ruptura del equilibrio en su composición con jueces, abogados, científicos, académicos y legisladores, y la ilegalidad de las modificaciones introducidas al sistema electoral, y obligan a los postulantes de este órgano a postularse en boletas con candidatos de partidos políticos.
“El Consejo de la Magistratura es un órgano vital para garantizar imparcialidad en la selección de los jueces y evitar que se avasalle con amenazas y pedidos de destitución a los magistrados honestos que a diario reciben presiones cuando se trata de investigar los delitos contra la administración pública”, advirtió Saravia.