Guarderías y salitas, sin control

En el mundo donde la ley de la oferta y la demanda impera, la educación de los niños se convierte en mercancía.

En la ciudad de Salta es la Municipalidad quien controla la prestación del servicio de guarderías, prejardines o salas maternales; siempre desde una perspectiva puramente comercial, tal como son habilitadas las salitas.

Ahora bien, resulta que los pedagogos afirman que desde que se nace y hasta los 6 años de vida, aproximadamente, el ser humano transcurre por una etapa de formación crítica y esencial para el desarrollo como personas.

Lo que dice la ley

En consecuencia con estas teorías, la ley de educación de Salta, en el artículo 22, indica que desde los 45 días y hasta los 5 años de edad los niños pertenecen al Nivel Inicial de la Educación Provincial.

Sin embargo, en la ciudad capital hay 34 jardines privados y otros 16 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que dependen del Ministerio de Derechos Humanos, que funcionan fuera del ámbito de la cartera educativa de la Provincia. No es en vano aclarar que la función pedagógica está planteada como lo más importante en el Nivel Inicial, ya que se preocupa por el desarrollo integral de los niños. Y por esto, las personas que trabajan en esos centros educativos deberían estar capacitadas para considerar los aspectos socioafectivos, psicomotor, cognoscitivo y hasta nutricionales de los niños.

Sin embargo, en Salta son los inspectores de Subsecretaría de Control Comercial los que verifican los funcionamientos de las denominadas “guarderías”; con todas las limitaciones e incumbencias que ello implica. Vale decir que los inspectores municipales cumplen la función de controlar las condiciones de higiene y seguridad de un comercio, pero no lo concerniente a cuestiones pedagógicas.

El subsecretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad, Facundo Furió, habló con El Tribuno y dijo que “lo estrictamente pedagógico no es (ni tiene que serlo) de su incumbencia”. Entonces surge un vacío social, una notable ausencia del Estado, precisamente en la etapa donde se define gran parte del futuro de las personas, y donde la calidad de los profesionales que toman contacto con los niños, debe ser absolutamente probada.

En las guarderías y salitas maternales, los niños de entre 0 y 4 años de vida, experimentan las primeras etapas de socialización, procesos por los cuales aprenden a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento y el de los otros.

Para graficar la importancia de la contención de los niños en esta etapa, basta con recordar las traumáticas experiencias vividas por niños en guarderías como “Tribilín” de Orán, donde torturaban a una niña metiéndole la cabeza dentro de un balde de agua; o la falta de preparación de los encargados de una salita de Salta capital, donde un niño se golpeó la cabeza y lo dejaron dormir sin llamar al médico, medida por la cual el niño estuvo semanas en coma profundo.

Volviendo un poco más en el tiempo se pude recordar lo ocurrido en la salita maternal y prejardín Crear de barrio Intersindical. Allí los docentes le abrocharon una nota -reclamando el pago de la las cuotas vencidas- en el delantal a una nena de 4 años. En esa ocasión, los docentes olvidaron todos sus conocimientos pedagógicos y como seres humanos no respetaron los derechos de esta niña. El caso no fue más allá de una clausura “comercial” momentánea.

Proyecto

Atendiendo a esta problemática, el bloque del Partido Obrero impulsa un proyecto en la Cámara de Diputados, para que el Ministerio del Educación de la provincia se haga cargo de controlar lo que sucede en las guarderías y salas maternales de toda la provincia. El proyecto indica la clara necesidad de que deben ser profesionales docentes quienes estén a cargo de los niños. Plantea que el personal no docente, a cargo de los niños en la actualidad, sea reubicado en otras áreas y funciones dentro del propio Ministerio de Educación. Años antes, estos detalles fueron formulados por los legisladores del PO al momento de crearse las guarderías llamadas CDI, hoy dependientes del Ministerio de derechos Humanos y transferidas a la órbita municipal en la faz administrativa.

“Las guarderías públicas y las privadas deben tener docentes a cargo de la atención de los niños. El Ministerio debe supervisar las actividades, los contenidos y procedimientos pedagógicos en esta etapa decisiva de la socialización y el desarrollo de la inteligencia. Las denuncias por malos tratos que hemos tenido recientemente no pueden ser analizadas al margen de la precariedad con la que funcionan en la actualidad estas instituciones”, concluye uno de los fundamentos del proyecto.

Antedecentes que pudieron ser mortales

Como antecedentes ya se cuenta en marzo pasado un pedido de informe aprobado durante una sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

El mismo solicitaba al DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) y al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia que remita al cuerpo legislativo información referente a las guarderías habilitadas para funcionar.

El pedido solicita en detalle una copia del registro de Instituciones Educativas que brindan educación inicial para niños de hasta cuatro años, creado por el artículo 5 de la Ordenanza N´ 13.044, el listado de los certificados de habilitación de todas las guarderías conforme también la Ordenanza N´ 13.893, del Programa Municipal de Guarderías Públicas y la reglamentación de la Ordenanza N§ 13.893.

La historia de Elián Mamaní

Se solicitaba además se indique si el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Refugio”, perteneciente al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, cuenta con autorización para su funcionamiento conforme a la normativa vigente. El caso es el de Elián Mamaní, un nene de cuatro años que tuvo un inexplicable y gravísimo accidente por el cual casi pierde la vida en el CDI “Mi Refugio”, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, ubicado en el barrio Santa Cecilia, el 28 de febrero último. El concejal Pérez Estrada señaló que el tema era al menos “preocupante”. En mayo, el Ministerio Público y la fiscal penal Gabriela Buabse decidieron desvincular a la ministra María Pace de las denuncias por “abandono de persona”, luego de las serias lesiones que sufriera Elián en un CDI.

Mirian Mamaní, la madre del menor, recibió un oficio firmado por la fiscal Buabse en el que se le comunicó que solo quedó como imputada en el caso Laura Paz. La denuncia de la mamá de Elián iba en contra de todo el equipo técnico del Ministerio encabezado por María Pace.

“Voy a hacer público cómo me silenciaron con dádivas y me recluyeron en un centro para mujeres golpeadas”, anunció, para luego agregar “no me van a quitar el futuro de mi hijo para salvar reputaciones ajenas”, denunció indignada.