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Los subsidios al sector energético ascendieron a 35.880 millones de pesos durante el primer semestre, lo que implica un alza interanual de 62,5%, según estimó un estudio privado. La cifra, según el estudio, es tan elevada que supera la gastada en subsidios sociales.
El trabajo de la Asociación Argentina y de Administración Financiera Pública (ASAP) precisó que el total de subsidios económicos ascendió a 54.323 millones, el 32,9% superior al primer semestre de 2012. En consecuencia, los subsidios al sector energético otorgados por el ministro de Planificación Julio de Vido, representan el 66% del total de subsidios económicos otorgados por el Gobierno nacional.
Los subsidios derivados al sector energético se concentraron en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y en la Empresa Energía Argentina (Enarsa).
Cammesa y Enarsa tienen a su cargo la compra de combustible importado (gas) para sostener el abastecimiento del mercado interno. En la discriminación por empresa se observa que Cammesa registra un aumento de giros de 69,1%, mientras que en el caso de Enarsa la variación es del orden del 73,6%, siempre en forma interanual. La importación de energía generará un gasto de entre 12 y 14 mi millones de dólares en 2013 y es uno de los principales factores que provoca presión sobre la demanda de dólares.
Siempre de acuerdo al trabajo de ASAP, dentro del total subsidios económicos otorgados, le siguen en importancia las asignaciones al transporte, sector que demandó en el primer semestre 12.228,3 millones de pesos, lo que representa una caída de 12,1%. El trabajo de la asociación indicó que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) recibió $2.689,6 millones, con un alza de 16,4%, mientras que AR-SAT tuvo un aporte de $1.971 millones, con incremento de 62,9%.
En el primer semestre del año pasado los subsidios sociales, que incluyen la asignación universal por hijo, transferencias al Pami y programas de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, entre los más significativos, sumaron $23.432 millones contra los $22.079 millones del sector energético. Por su parte, las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron cerca de 5.478,9 millones de pesos con un alza de 33,3%.
La defensa
Mientras se suceden críticas al convenio entre ambas, las petroleras YPF y Chevron salieron a defender el acuerdo que alcanzaron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta: la compañía argentina aseguró que el entendimiento es “nítido” y que no tiene una “cláusula secreta”, en tanto que la norteamericana destacó que se trata de una relación comercial a largo plazo y rechazó que la española Repsol pueda bloquear en la Justicia el entendimiento.
Neuquén presentará el martes el acuerdo ante la Legislatura
A trabajar rápido. Funcionarios del Gobierno neuquino preparaban el texto del decreto que el gobernador Jorge Sapag presentará la semana próxima a la Legislatura para que los diputados provinciales decidan si aprueban la concesión de la exploración de hidrocarburos acordada entre las empresas YPF y Chevron.
En ese marco, el ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco, estimó que “el martes o a más tardar el miércoles” estará listo el decreto sobre el convenio comercial que firmaron la estatizada YPF y la estadounidense Chevron para explotar yacimientos no convencionales en el área General Mosconi.
El funcionario explicó que tres comisiones técnicas, una jurídica, otra ambiental y una económica analizaban la propuesta de YPF aunque admitió que la provincia “no conoce los términos del convenio” entre las petroleras.
En declaraciones que realizó anteayer a la prensa neuquina, Coco señaló que la posibilidad de la concesión “es lo que está en estudio”.
“Una vez que se disponga de los informes se resolverá si se hace una extensión de la concesión o se otorga una nueva”, advirtió.
Además, respecto de los beneficios que puede generar la explotación a la provincia, dijo que eso “se está evaluando y surgirá de los trabajos de las comisiones. Por ahora no podemos adelantar nada en ese sentido”.
Coco también admitió que no conocían los detalles del acuerdo entre las empresas y apuntó que “el Estado no tiene por qué estar presente en eso. A lo sumo se le pueden hacer consultas relacionadas a planes de exploración, metas de producción, reservas, pero no más que eso”.
En la comisión jurídica tomó participación activa el fiscal de Estado provincial Raúl Gaitán, que intenta buscar que se logre la inversión de miles de millones de dólares y deje beneficios para Neuquén.
Pero por su parte, la precandidata a senadora por la Coalición Sur Fernanda Reyes sostuvo ayer que es ilegal el acuerdo que YPF firmó con Chevron para producir petróleo y gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén, y remarcó que la explotación no convencional puede tener “altísimas” posibilidades de producir “contaminación”.
La exdiputada precisó que “el decreto 929 que da lugar a que se firme el acuerdo” entre las petroleras es ilegal y denunció que el Gobierno nacional evadió la ley al crear “un régimen de promoción de inversiones, que está estipulado que lo haga el Congreso”.