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En los últimos días, los pasillos de la Justicia Federal de Salta se llenaron de murmullos y cuestionamientos tras conocerse que José Luis Bruno, fiscal de Orán suspendido y con procesamiento confirmado desde agosto de 2024 por cohecho pasivo agravado en concurso real con prevaricato en nueve hechos relacionados con narcos favorecidos a cambio de coimas, habría firmado con los fiscales acusadores un acuerdo de juicio abreviado con el que recibiría una pena leve, evitaría la cárcel y pasaría a un retiro conveniente.
De esa audiencia nada se sabía oficialmente hasta el cierre de esta edición, salvo por fuentes judiciales citadas por el diario La Nación, que habrían dejado trascender parte de sus alcances.
Aunque no se habría sorteado aún el Tribunal Oral Federal que debería homologar ese acuerdo, en cumplimiento a las normas procesales con que se rige la causa, lo poco que trascendió fue suficiente para envolver al fuero federal de Salta en un clima de incomodidad y hermetismo inusual.
Es que Bruno, a juicio de los propios fiscales que formularon las acusaciones y por los elementos incriminatorios con los que se requirió, dictó y confirmó su procesamiento, habría cobrado junto a Raúl Reynoso, destituido juez federal de esa jurisdicción, coimas para beneficiar a imputados por narcotráfico con un desempeño repudiable de su función. El exjuez, por la acusación conexa en su contra, recibió una condena de cinco años, sin buscar atajos. Otros imputados, que reconocieron haber pagado e intermediado en la entrega de los sobornos, también fueron condenados por cohecho activo. Los contrastes restellan en el expediente penal. Bruno, diferencia de René Antonio Arancibia, sindicado en la acusación como líder de una organización narcocriminal que fue favorecida con "beneficios procesales otorgados ilegítimamente" y quien reconoció haber pagado los sobornos investigados en la causa, fue imputado en su condición de funcionario judicial. Un razonamiento semejante cabe también con respecto al imputado Barakat Barakat, un comerciante sirio que admitió haber intermediado en la entrega de las coimas y que en 2022 fue condenado por financiar y organizar actividades del narcotráfico.
Los antecedentes del caso
El exfiscal federal de Orán llegó a la etapa de juicio procesado por cohecho y prevaricato. En la investigación penal intervinieron el fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba; el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal general a cargo de la Transición, Carlos Amad. En Salta hoy se aplica el sistema procesal acusatorio, mientras que en los tiempos a que remontan las actuaciones regía el sistema inquisitivo.
Los orígenes de la causa que levantó polvareda se remontan hasta el 4 de julio de 2011. Ese día, con un informe, Gendarmería requirió al fuero federal una investigación ante indicios del actuar de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba en los frentes fronterizos de Salvador Mazza y Orán.
En ese contexto se dispusieron controles, seguimientos y otras medidas que, según manifestaron entonces los fiscales acusadores, dejaron al descubierto a esa asociación criminal. A todos los presuntos implicados les imputaron los delitos de transporte de estupefacientes, asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y contrabando calificado de exportación agravado por el número de intervinientes.
Los encausados quedaron con prisión preventiva. Sin embargo, tras una ampliación de indagatoria solicitada por dos de los imputados, en 2012 el entonces juez Reynoso resolvió otro auto de procesamiento y una libertad.
Los fiscales Villalba, Amat e Iglesias interpusieron recursos para revocar aquellas resoluciones y sostuvieron que ilegítimamente se le concedió la libertad a uno de los acusados, sin aplicársele ninguna otra medida restrictiva complementaria para asegurar su comparecencia en el proceso, pese a que estaba imputado por graves conductas y tenía antecedentes penales por delitos similares.
En el caso de Barakat Barakat afirmaron que se prestó a que se pudiera realizar el acuerdo espurio. Ese es el marco por el cual la Justicia federal dictó el auto de procesamiento contra Reynoso y Bruno. A ambos se les adjudicó "haber actuado de común acuerdo" para favorecer los intereses procesales de Federico Gerardo Rojas, en una causa que lo tenía acusado por narcotráfico y asociación ilícita junto a otros imputados. Señalaron que Bruno, en ese expediente, "perjudicó deliberadamente la promoción de la acción penal".
Al prestar declaración indagatoria, Barakat Barakat reconoció la imputación y el hecho de haber oficiado de intermediario para recibir dinero del abogado Arancibia y dárselo a Arsenio Gaona, cuñado de Reynoso, con destino final para el entonces juez y el fiscal Bruno.
Con toda la prueba presentada, en marzo de 2025 el juez Julio Bavio resolvió ampliar el auto de procesamiento que pesaba sobre Reynoso y Bruno por cohecho, tras considerarlos a ambos "prima facie" también como autores responsables del delito de prevaricato, sin prisión preventiva.
En cuanto a Barakat Barakat se dictó el auto de procesamiento por considerarlo "prima facie" partícipe primario del delito de cohecho activo agravado, con prisión preventiva.
Por otra parte, se ordenaron embargos de 5 millones de pesos para Reynoso, de $2 millones para Bruno y de la misma cifra para Barakat.
En la presentación ante el juez Bavio, los fiscales actuantes sostuvieron que los nuevos hechos se encontraban enmarcados dentro del conjunto de actividades irregulares investigadas en las actuaciones, evidenciando el mismo "modus operandi".
Cohecho y prevaricato
Al exfiscal federal de Orán, José Luis Bruno, lo acusaron tanto por la falta de impugnación de actos ilegítimos, como por la inactividad procesal que tuvo la causa entre 2013 y 2023. Agregaron que, luego de que todos los acusados recuperaran la libertad, distintas medidas adoptadas perjudicaron deliberadamente los intereses confiados al Ministerio Público Fiscal. El procesamiento de Bruno fue confirmado en agosto de 2024 por la Sala I de la Cámara Federal de Salta, tras rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial, Ana Clarisa Galán. En el acuerdo de juicio abreviado, Bruno habría presentado su renuncia como fiscal.