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El sistema carcelario argentino estuvo en el tapete en 2013 en distintas ocasiones, ya sea por numerosas fugas de presos, como por las denuncias de las malas condiciones de detención. Tal es así que un total de once reclusos murieron en lo que va del año en distintas cárceles “por hechos violentos”, reveló ayer el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio.
El funcionario destacó que por tal motivo “se han incrementado los controles” en los penales, con el objetivo de verificar las condiciones de los presos. “Hubo once muertos por hechos violentos en 2013, un número muy alto, y ya había como cinco suicidios por ahorcamiento”, dijo.
Por otra parte, el jefe del SPF ratificó que el cierre de la unidad penal de la guarnición militar de Campo de Mayo y el traslado de todos los acusados por crímenes de lesa humanidad alojados allí hacia la cárcel de Marcos Paz se dispuso porque había indicios de una posible fuga con ayuda del exterior.
“Esta cárcel está dentro de una base militar y esto hace difícil la protección y seguridad”, explicó Marambio, quien indicó que había sospechas, por “análisis de inteligencia”, que las eventuales fugas “no eran desde adentro hacia afuera, sino al revés, para que los vayan a rescatar”.
Al respecto, el funcionario añadió: “Era un momento propicio para que un hecho como ello ocurriera y nosotros teníamos que impedirlo, y una de esa manera era trasladarlos a un lugar donde tenemos una mayor cobertura de seguridad. Había que salir del área del ámbito de una base militar y tenerla custodiada completamente por parte del SPF”, señaló.
El denominado Instituto Penal Federal de Campo de Mayo (Unidad 34), con capacidad para 39 detenidos, era una cárcel militar y el 15 de enero de 2008 el SPF se hizo cargo a través de un acuerdo entre los ministerios de Defensa y el entonces de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Por ese convenio, personal penitenciario federal tomó a su cargo la guarda y custodia de los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
A fines de julio, los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes se encontraban detenidos en San Juan, se fugaron cuando llegaron a Buenos Aires para hacerse estudios médicos en el Hospital Militar Cosme Argerich, situado en el barrio porteño de Belgrano.