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En estos días, a raíz de un caso de virtual linchamiento ocurrido en la comisaría de General Gemes, tomó estado público la existencia de más de 1.400 denuncias por excesos policiales registradas en 2013 en la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias, y de 630 expedientes abiertos por casos similares en el ministerio de Seguridad.
El jefe de la Policía de Salta, Marcelo Lami, admitió que existen casos de torturas pero los consideró “excepcionales”.
Es un problema que involucra a todos los salteños, porque un policía violento no es buen policía y porque cualquiera puede sufrir esos atropellos. Se agrava, por cierto, si se considera que hace pocos meses a la policía salteña se le ampliaron las atribuciones para practicar detenciones y allanamientos sin intervención de la Justicia ni el Ministerio Público. Una de las grandes preocupaciones de los argentinos, probablemente la más apremiante, es la inseguridad. Para combatir al delito y reducir a los delincuentes no hace falta “mano dura” ni “policía brava”, sino una estrategia de gobierno, desarrollada por expertos, y una fuerza policial formada técnicamente y educada en los principios de la ética, el orden legal y los derechos humanos. Los policías golpeadores no solo infringen la ley y cometen abuso de autoridad, vulnerando los derechos humanos en una sociedad que no lo tolera, sino que además destruyen el lazo de confianza que debe existir entre los agentes del orden y la ciudadanía.
Hace dos semanas, un grupo de supuestos damnificados por el robo de un celular golpeó a dos adolescentes dentro de una comisaría de General Gemes. El ataque fue un verdadero linchamiento, ya que los menores habían sido detenidos, sin orden fiscal ni pruebas, y los agentes del servicio de emergencias 911 los expusieron a la venganza de esos vecinos. No solamente resulta inconcebible un linchamiento dentro de una comisaría, sino que tampoco es admisible la negligencia de no custodiar a los detenidos.
El viernes, el comisario Lami admitió las irregularidades y prometió sanciones. Las denuncias de excesos policiales deberían haber sido tomadas como una señal de alerta para modificar las conductas de los guardianes del orden. Es decir, prevenir y evitar los abusos. Salta está quedando estigmatizada por este tipo de escándalos. En noviembre, un alto oficial de la policía motorizada fue detenido con tres subalternos por la virtual ejecución de un vecino que no aceptó las conductas prepotentes de esa dotación policial.
En los últimos años se conocieron dos filmaciones de torturas, una en la misma comisaría de General Gemes y la otra en Colonia Santa Rosa. Los vejámenes a detenidos enturbiaron aún más causas resonantes, como las de los narcopolicías detenidos también en Gemes- y el doble crimen de las jóvenes francesas. Además, son demasiados otros hechos de violencia atribuidos a los uniformados.
El comisario Lami reconoció, también esta semana, deficiencias importantes en la formación de los policías salteños. Es hora de admitir que la inseguridad es un gran desafío. Salta, una provincia históricamente apacible, también está sufriendo el crecimiento de los delitos, especialmente los que se asocian al narcotráfico, la violencia de género y las patotas. La profunda crisis del empleo y la falta de oportunidades van creando en nuestra frontera un espacio propicio para la ilegalidad, es decir, la droga, el contrabando y la trata de personas. La violencia policial es inadmisible siempre, sea que la sufran los culpables de delitos o los inocentes. Pero además del aspecto moral, la práctica de torturas y vejámenes es un indicio vehemente de ausencia de disciplina en la fuerza y de falta de recursos profesionales. El Estado reclama para sí el “monopolio de la fuerza”. Un policía está habilitado para llevar armas, justamente, porque se trata de evitar que la gente se convierta en “justiciera” , recurra a la autodefensa y que, así, la sociedad se sature de violencia.
Esa atribución de los uniformados debe ir acompañada de temple, prudencia y sabiduría, que no pueden ser cualidades excepcionales de unos pocos, sino más bien parte del espíritu de una fuerza creada para servir a la sociedad y a sus leyes.