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Las miles de causas por reajuste jubilatorio que hoy abarrotan las oficinas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, podrán ser revisadas por las 18 Cámaras Federales distribuidas en el mapa argentino. Así lo decidió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para agilizar el trámite de los miles de expedientes de jubilados que reclaman la actualización de sus haberes.
A la vez, el máximo tribunal del país -una vez más- exhortó al Gobierno nacional a pagar las sentencias firmes dictadas ya por el fuero federal social y, con ello, evitar las recurrentes apelaciones de la Anses que dilatan los tiempos judiciales y ensanchan los miles de expedientes.
Con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, y el voto concurrente de Enrique Petracchi, el máximo tribunal declaró inconstitucional un artículo de una ley sancionada durante el menemismo que concentraba todas las causas previsionales en la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en la Capital Federal.
El fallo sostiene que la Cámara de la Seguridad Social “se encuentra en un estado de colapso debido a la sobrecarga de expedientes”, lo que “impacta directamente en uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución -los jubilados-, que no logran obtener respuestas en tiempo y forma de los jueces cuando efectúan un reclamo en torno a su prestación previsional, de neto carácter vital y alimentario”.
La decisión del tribunal desparrama los reclamos previsionales en las cámaras federales de todo el país, lo que en teoría debería agilizar la tramitación de los expedientes, que en la actualidad se demoran años.
En Salta y Jujuy
Pero lograr el objetivo que se propuso la Corte Suprema de reducir los tiempos para llegar a las sentencias y al pago efectivo no será tan sencillo en las provincias.
En el caso de la Cámara Federal de Salta -con jurisdicción también en Jujuy-, los armarios y escritorios están excedidos de expedientes que lentamente se tramitan. Es tal la cantidad de juicios que el convenio firmado a principios de año por el cual las causas por microtráfico de drogas pasan a la Justicia provincial aún no terminó de alivianar las estanterías. Para más, la Cámara Federal norteña abrió un período de 60 días para el reorganización de sus secretarías y otras áreas, tendiente a optimizar el uso de sus recursos para agilizar la prestación del servicio de justicia.
El pago
En su acordada, la Corte Suprema exhortó al Poder Ejecutivo para que “las agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional” de las sentencias. Esto significa que la ANSES deje de apelar hasta las últimas instancias los fallos que la obligan a pagar los reajustes jubilatorios.
El tribunal reclamó al Congreso la creación de nuevos tribunales con competencia en seguridad social, así como “dictar las disposiciones que permitan abreviar los procedimientos” para tramitar estos casos.
Destacó que la unificación de todas las causas en el fuero federal de la Seguridad Social, dispuesto por ley en 1995, apuntaba a facilitar y agilizar la tramitación de los expedientes, pero “tales objetivos no se cumplieron”.
No al uso público de células madres
La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del uso público de las células madre y avaló el uso autólogo de las células provenientes de la sangre placentaria y del cordón umbilical obtenidos en el nacimiento. El máximo tribunal declaró inconstitucional siete artículos de la resolución 69/09 del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), que obliga a la donación de células del cordón umbilical.
La Corte falló en una causa iniciada por un grupo de padres y la empresa Matercell S.A., que cuestionaron que se impida el uso propio de las células provenientes de la sangre placentaria y del cordón umbilical.