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La última gran ficción del relato kirchnerista y, en general, de la corporación política argentina, afirma: “La existencia de un tipo singular de seres malignos que emplean toda su industria e ingenio en el afán de apropiarse ilícitamente de lo ajeno. Son “los fondos buitres”, verdaderos engendros del “cochino'”capitalismo y siempre al acecho de los argentinos. Sus andanzas signadas por el latrocinio y la extorsión, como no podía ser de otra manera, cuentan con la protección que les garantiza la justicia del “imperialismo del norte”. Hasta aquí, el relato “K”. Lo que sigue es la versión políticamente “incorrecta” del asunto.
Comienza cuando, en diciembre del dos mil uno, el presidente argentino Adolfo Rodríguez Saa anunció a la Asamblea Legislativa Nacional, al país y al mundo que suspendería el pago de la deuda pública estatal. La decisión de incumplir el compromiso asumido con los que prestaron su dinero al país desató, en los legisladores presentes, la más inflamada ovación de la que se tenga memoria en el Congreso de la Nación. Ya en el poder y fiel a sí mismo, el presidente Néstor Kirchner impuso a los acreedores una quita leonina del 70% de lo adeudado (o se contentaban con el 30% o, a cobrarle a “Magoya”).
A esos efectos, el Congreso aprobó la ley que cerraba el canje para siempre. Miles de jubilados, obreros, amas de casa y demás inversores , de todo el mundo que habían confiado en el país depositando -en algunos casos- los ahorros de toda su vida se vieron esquilmados por la “genial” operación de Néstor. Un desesperado 93% de los acreedores aceptó el chantaje y el despojo; mas, no así el restante 7%. Estos (por sí mismos o por otros a quienes vendieron sus títulos de cobro) decidieron hacer valer sus derechos.
Así, en virtud de lo estipulado en el contrato firmado con el gobierno argentino en caso de incumplimiento, iniciaron una demanda contra el Estado argentino en el juzgado de Nueva York a través del juez Thomas Griesa. La justicia norteamericana falló a favor de los demandantes. El juicio, según de la prensa especializada, sólo en honorarios de abogados, le costó al país cien millones de dólares.
El fallo de Griesa condenó a la Argentina a pagar 1.300 millones de dólares a los querellantes. En el año 2013, el juez llamó a las partes para acordar la forma de pago. Los ganadores solicitaron que se haga de contado y en forma inmediata. La Argentina no presentó propuesta y se limitó a contestar, a través de la presidente, que “no pagaría ni un dólar”.
El juez, entonces, tomó la propuesta de los acreedores como única. Acto seguido, la presidente se dirigió a la Corte Suprema de los EEUU instándola a que revirtiera el fallo del juez. Como los jueces de la Corte Suprema rechazaron revisar el caso, Cristina los acusó públicamente de extorsionadores (por un cachito así, no les exigió la renuncia). Griesa tomó nota y replicó que la presidente no es confiable. La reacción del kirchnerismo de medio pelo no se hizo esperar. Scioli sostiene que hay que pagar y apoyar a Cristina (que no quiere pagar). Capitanich, le echa la culpa a Magneto. Kicillof, quiere que la causa vuelva a fojas cero y que se sortee para que la atienda Oyarbide.
La Cámpora, por su lado, escracha a la embajada yanqui (los gringos tiemblan). Los políticos de la oposición, en tanto, se encolumnan tras la presidente. El senador nacional de la UCR Gerardo Morales opinó que el magistrado estadounidense “claramente trabaja para los fondos buitre”. Sergio Massa, Mauricio Macri, Hermes Binner, Ricardo Alfonsín llaman “buitres” a los acreedores sin que se les caiga la cara de vergenza. La táctica oficialista que consiste en primero cacarear y luego recular en ojotas, no parece hacer mella en Griesa.
Pregunta ociosa:¿Por qué a tantos argentinos les resulta insólita la manera de actuar del juez?
Respuesta: pues, porque una cosa es la Argentina y otra el Primer Mundo. Aquí, un juez como Griesa es más raro que “perro verde”.