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La escuela salteña languidece ante la falta de ideas que exhiben gobernantes y amplios segmentos políticos. No hay diagnósticos ni propuestas que conciten consensos. La simple multiplicación de los recursos económicos destinados a la Educación muestra sus límites patéticos. Los compromisos sobre extensión de la jornada permanecen incumplidos y resultan incumplibles en el corto plazo.
El autoritarismo más rancio impera en la relación de trabajo que liga a los docentes con la Provincia. Desde hace años la calidad de nuestra Educación viene cayendo sin que los principales actores del proceso educativo atinen a encontrar las causas de esta larga decadencia.
Los alumnos y sus familias han dejado de creer en las vacías consignas políticas que prometen “más y mejor educación”, sin explicar cómo ni cuándo esta esperanza se hará realidad. Muchos advierten que, para colmo de males, no siempre la huida hacia la escuela privada logra dotar a nuestros jóvenes de las herramientas imprescindibles para vivir dignamente en un mundo en cambio.
Los indicios de que la Educación no cumple en Salta el papel imprescindible para constituir una sociedad civilizada, libre y justa, son abrumadores. La mayoría de nuestros problemas reconducen a las carencias educativas: Desde el pésimo funcionamiento del régimen político, hasta la violencia de género, el deprecio por el ambiente, o los accidentes de tránsito.
Un Gobierno sin proyecto
En este escenario, la política provincial oscila entre la perplejidad, las ideologías retrógradas, el seguidismo a las directivas centralistas, y la demagogia. O sea, en el ámbito de la Educación, el señor Gobernador reproduce los lineamientos de toda su gestión: abulia, ausencia de Proyecto, abandono de las banderas federalistas, y abuso del discurso triunfalista y mendaz.
En realidad, de un tiempo a esta parte las medidas oficiales apuntan a tranquilizar a los alumnos y sus familias abordando temas tangencialmente relacionados con la Educación: Boleto gratuito y Plan para que los niños pobres abandonen los comedores comunitarios y regresen a la mesa hogareña. Sin duda, las ayudas económicas a la pobreza son necesarias y justas; pero lo son, sólo en la medida en que apunten a sacar a niños y jóvenes del estado de precariedad que les condena a la exclusión.
Las reticencias en materia de educación sexual muestran que el señor Gobernador, luego de una primera etapa donde reinaron el oscurantismo y el elitismo, prefiere perseverar en una visión dogmática y retrógrada de la Educación y de la sociedad que le toca gobernar.
Por otra parte, las respuestas a la huelga docente expresan, una vez más, aquella visión autoritaria que rehúye el diálogo de buena fe, que busca domesticar voluntades para usarlas de ariete en contra de los legítimos representantes, o que impone multas millonarias a los sindicatos.
Comenzar a pensar el futuro
El estado actual de nuestra Educación y de los debates alrededor de su presente y de su futuro, contrasta con la existencia en Salta de personas cualificadas que han dedicado su vida a estudiar el proceso educativo local y en otras regiones y países. Personas que además de estudiar y perfeccionarse, han ejercido la docencia durante largos años lo que les permite contar con una visión teórico-práctica que los responsables políticos (gobiernen o pretendan gobernar) absurdamente desdeñan.
A ellos y a otros expertos debería apelar Salta en su empeño por conocer qué está sucediendo en materia de Educación y porqué sufrimos tan malos resultados pese al esfuerzo económico que realiza la sociedad. También, para saber qué medidas hay que adoptar para revertir una situación que produce frustraciones, violencias, ignorancia cívica, ineptitud productiva y aislamiento pueblerino.
Las estadísticas y los estudios que el Gobierno elabora en materia de Educación, son tan precarios como los que se observa, por ejemplo en el ámbito de los precios, del trabajo, o de la pobreza. Tenemos una administración que no sabe sumar ni analizar datos, y que, cuando incursiona en este terreno con un mínimo de rigor, termina escondiendo la información para no desairar al Poder Central. Adviértase que esto sucede también en el ámbito del Poder Judicial, donde abundan las barreras para acceder incluso a datos insuficientes y defectuosos.
A la espera de que los expertos hagan escuchar sus voces e ideas, surgen algunos interrogantes: ¿Debemos continuar obedeciendo a los dictados educativos de la Nación? ¿La profesionalidad y dignidad de los docentes dependen sólo de los salarios? ¿Los planes de formación de maestros y profesores son suficientes y adecuados para esta Salta en un mundo en cambio? ¿Ha llegado la hora de recrear un órgano participado para la política y la gestión educativa? ¿Los contenidos educativos contribuyen a formar ciudadanos (conscientes de sus deberes y derechos, aptos para la etapa cosmopolita), personas (libres, cultas y en condiciones de alcanzar espacios de felicidad), y trabajadores (cualificados en función de nuestro perfil productivo)?