La censura está de moda en los gobiernos neoliberales alrededor del mundo. En España, ayer el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una polémica ley mordaza que castiga la protesta social, muchos afirman que está especialmente diseñada para acabar con los movimientos sociales.
La nueva ley de seguridad ciudadana, elaborada por el Ministerio del Interior, multa hasta 30.000 euros hasta los cien mil por ofender a España o las comunidades autónomas.
La nueva ley considera una falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias.
Los opositores de la ley defienden la documentación en imágenes del comportamiento de la policía durante las manifestaciones, algo que en el pasado ha permitido registrar casos de brutalidad policial y ayudar a su proceso legal. Las faltas graves tienen sanciones de miles de euros.
Dificultades operatorias
Esta es otra falta grave según la nueva ley de seguridad. La norma castiga que se le impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
Impedir la ejecución de desalojos, una práctica que se volvió popular entre los activistas en España durante la crisis, también acarreará penas potenciales en dinero.
Por otra parte, la nueva ley de seguridad, la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave, incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento.
Los opositores de la ley cuestionan qué es perturbar o no la seguridad ciudadana y quién lo decide. En cualquier caso, si se considera falta grave, se castigaría también con multas considerables que irán desde los 30.000 euros).
Asimismo, también entre las faltas graves que contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes. Además, podrán recibir multas quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Por último, la seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Los opositores de la ley, como la organización Greenpeace, conocida precisamente por este tipo de protestas, critican que se considere una infracción sin necesidad de que se produzca una alteración del orden público o daños a la seguridad ciudadana, ya que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo.
Las sanciones estipuladas para las faltas leves van de 100 a 600 euros, es decir de US$ 111 a 666 dólares.
La ley ingresó al Senado el 14 de diciembre del 2014 y ayer quedó aprobada, ante la desaprobación de todo un pueblo muy disconforme.
La nueva ley de seguridad ciudadana, elaborada por el Ministerio del Interior, multa hasta 30.000 euros hasta los cien mil por ofender a España o las comunidades autónomas.
La nueva ley considera una falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias.
Los opositores de la ley defienden la documentación en imágenes del comportamiento de la policía durante las manifestaciones, algo que en el pasado ha permitido registrar casos de brutalidad policial y ayudar a su proceso legal. Las faltas graves tienen sanciones de miles de euros.
Dificultades operatorias
Esta es otra falta grave según la nueva ley de seguridad. La norma castiga que se le impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
Impedir la ejecución de desalojos, una práctica que se volvió popular entre los activistas en España durante la crisis, también acarreará penas potenciales en dinero.
Por otra parte, la nueva ley de seguridad, la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave, incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento.
Los opositores de la ley cuestionan qué es perturbar o no la seguridad ciudadana y quién lo decide. En cualquier caso, si se considera falta grave, se castigaría también con multas considerables que irán desde los 30.000 euros).
Asimismo, también entre las faltas graves que contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes. Además, podrán recibir multas quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Por último, la seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Los opositores de la ley, como la organización Greenpeace, conocida precisamente por este tipo de protestas, critican que se considere una infracción sin necesidad de que se produzca una alteración del orden público o daños a la seguridad ciudadana, ya que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo.
Las sanciones estipuladas para las faltas leves van de 100 a 600 euros, es decir de US$ 111 a 666 dólares.
La ley ingresó al Senado el 14 de diciembre del 2014 y ayer quedó aprobada, ante la desaprobación de todo un pueblo muy disconforme.
Hubo fuertes protestas
La polémica "ley mordaza" ocasionó diversos comentario y fuertes protestas de muchos ámbitos, tanto sociales, deportivos y de empresas privadas, que se quejaron por la ley aprobada. La alcaldesa María Ángeles Torres de Bilbao dijo que "no se tendría que haber aprobado la ley mordaza. Y deja en claro que este gobierno nos quiere tratar como se le dé la gana, como si fuese un gobierno de facto".
Por su parte, varios deportistas, como futbolistas, basquetbolistas, dirigentes de muchos clubes de primera división y personalidades del espectáculo salieron a la calle y se sumaron a las protestas con cintas en la boca. Mientras que la organización ecologística Greenpeace se quejó por la ley y colgó banderas en varios lugares estratégicos de grandes ciudades, con leyendas fuertes en contra del gobierno de turno.
Y activistas de la ONG invitaron para el próximo martes a una masiva protesta en Barcelona.
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La censura está de moda en los gobiernos neoliberales alrededor del mundo. En España, ayer el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una polémica ley mordaza que castiga la protesta social, muchos afirman que está especialmente diseñada para acabar con los movimientos sociales.
La nueva ley de seguridad ciudadana, elaborada por el Ministerio del Interior, multa hasta 30.000 euros hasta los cien mil por ofender a España o las comunidades autónomas.
La nueva ley considera una falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias.
Los opositores de la ley defienden la documentación en imágenes del comportamiento de la policía durante las manifestaciones, algo que en el pasado ha permitido registrar casos de brutalidad policial y ayudar a su proceso legal. Las faltas graves tienen sanciones de miles de euros.
Dificultades operatorias
Esta es otra falta grave según la nueva ley de seguridad. La norma castiga que se le impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
Impedir la ejecución de desalojos, una práctica que se volvió popular entre los activistas en España durante la crisis, también acarreará penas potenciales en dinero.
Por otra parte, la nueva ley de seguridad, la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave, incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento.
Los opositores de la ley cuestionan qué es perturbar o no la seguridad ciudadana y quién lo decide. En cualquier caso, si se considera falta grave, se castigaría también con multas considerables que irán desde los 30.000 euros).
Asimismo, también entre las faltas graves que contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes. Además, podrán recibir multas quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Por último, la seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Los opositores de la ley, como la organización Greenpeace, conocida precisamente por este tipo de protestas, critican que se considere una infracción sin necesidad de que se produzca una alteración del orden público o daños a la seguridad ciudadana, ya que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo.
Las sanciones estipuladas para las faltas leves van de 100 a 600 euros, es decir de US$ 111 a 666 dólares.
La ley ingresó al Senado el 14 de diciembre del 2014 y ayer quedó aprobada, ante la desaprobación de todo un pueblo muy disconforme.
La nueva ley de seguridad ciudadana, elaborada por el Ministerio del Interior, multa hasta 30.000 euros hasta los cien mil por ofender a España o las comunidades autónomas.
La nueva ley considera una falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias.
Los opositores de la ley defienden la documentación en imágenes del comportamiento de la policía durante las manifestaciones, algo que en el pasado ha permitido registrar casos de brutalidad policial y ayudar a su proceso legal. Las faltas graves tienen sanciones de miles de euros.
Dificultades operatorias
Esta es otra falta grave según la nueva ley de seguridad. La norma castiga que se le impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
Impedir la ejecución de desalojos, una práctica que se volvió popular entre los activistas en España durante la crisis, también acarreará penas potenciales en dinero.
Por otra parte, la nueva ley de seguridad, la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave, incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento.
Los opositores de la ley cuestionan qué es perturbar o no la seguridad ciudadana y quién lo decide. En cualquier caso, si se considera falta grave, se castigaría también con multas considerables que irán desde los 30.000 euros).
Asimismo, también entre las faltas graves que contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes. Además, podrán recibir multas quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Por último, la seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Los opositores de la ley, como la organización Greenpeace, conocida precisamente por este tipo de protestas, critican que se considere una infracción sin necesidad de que se produzca una alteración del orden público o daños a la seguridad ciudadana, ya que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo.
Las sanciones estipuladas para las faltas leves van de 100 a 600 euros, es decir de US$ 111 a 666 dólares.
La ley ingresó al Senado el 14 de diciembre del 2014 y ayer quedó aprobada, ante la desaprobación de todo un pueblo muy disconforme.
Hubo fuertes protestas
La polémica "ley mordaza" ocasionó diversos comentario y fuertes protestas de muchos ámbitos, tanto sociales, deportivos y de empresas privadas, que se quejaron por la ley aprobada. La alcaldesa María Ángeles Torres de Bilbao dijo que "no se tendría que haber aprobado la ley mordaza. Y deja en claro que este gobierno nos quiere tratar como se le dé la gana, como si fuese un gobierno de facto".
Por su parte, varios deportistas, como futbolistas, basquetbolistas, dirigentes de muchos clubes de primera división y personalidades del espectáculo salieron a la calle y se sumaron a las protestas con cintas en la boca. Mientras que la organización ecologística Greenpeace se quejó por la ley y colgó banderas en varios lugares estratégicos de grandes ciudades, con leyendas fuertes en contra del gobierno de turno.
Y activistas de la ONG invitaron para el próximo martes a una masiva protesta en Barcelona.
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