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La reunión en Salta con los responsables del Instituto Provincial de Viviendas fue la oportunidad para que el vocal del Centro de Obrajeros de Orán, Emiliano Loutaif, reclamara por el incumplimiento del convenio que estipula que las viviendas y otras obras que construye el organismo deben incorporar un 25% de madera nativa.
"No solamente el IPV no respeta el convenio, sino tampoco las empresas constructoras que determinan y deciden sobre los insumos para la infraestructura de las obras en general", explicó Loutaif.
El productor maderero puso el énfasis en que, de aplicarse lo acordado, la consecuencia directa es el beneficio para la producción de madera en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia y, simultáneamente, una inyección económica general para la región.
Este convenio, que se firmó en noviembre de 2014, es un viejo reclamo del sector que busca reactivar la actividad jaqueada por la baja demanda. El objetivo es impulsar la producción local y generar fuentes de trabajo. Según quedó establecido, las casas que se construyan en Orán, San Martín y Rivadavia deben emplear madera nativa y cultivada en suelo salteño, como es el caso de la morera, lapacho, cebil, eucaliptus y cedro fundamentalmente. De esta forma, los aserraderos oranenses al igual que los de los otros departamentos que tienen en la producción forestal una genuina fuente de ingresos, se convertirían en proveedores de tirantes, alfajías, machimbres, listones y aberturas, entre otros componentes.
Incumplimiento
"El convenio firmado hace casi nueve meses con el Gobierno, no se cumplió, ya que las empresas constructoras no respetaron el acta acuerdo", explicó Loutaif.
Los miembros de la institución y de la cámara que tiene sede en Tartagal vienen pidiendo desde hace tiempo la implementación de una política de compre salteño, que dé valor a la capacidad forestoindustrial de la provincia. "Queremos que se use madera nativa en la obra pública, porque además es garantía de calidad", agregó el empresario.
Los representantes del sector maderero coincidieron con los funcionarios provinciales en la necesidad de realizar un cruce de información para mantener actualizados los datos sobre el cumplimiento del convenio en todos sus aspectos, con el objetivo de que tanto desde el Centro de Obrajeros del Norte como de las empresas constructoras, se efectúen las solicitudes de materiales y entregas de productos en tiempo y forma, con la previsibilidad necesaria para una adecuada coordinación y posibilidades de tener las cantidades solicitadas.
"Esta medida apunta a paliar la difícil situación que está viviendo el sector maderero en el norte y favorecer la economía regional", reiteró Loutaif, quien compartió la reunión con el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Baltasar Saravia y el titular del IPV, Marcelo Ferraris, productores madereros y representantes de Aproficsa.
El acuerdo
Loutaif sostiene que el sector forestal está en condiciones de asumir la demanda para aberturas, tirantería y cielorrasos para techos, bajo mesadas, placares y otros elementos propios de la edificación. En el acta acuerdo firmada "también nos comprometimos a proveer árboles para cada una de las casas que se construyan a través del IPV, con el objetivo de conservar un medio ambiente equilibrado y armonioso, y en un marco de cultura ambiental", agregó el empresario.
"No solamente el IPV no respeta el convenio, sino tampoco las empresas constructoras que determinan y deciden sobre los insumos para la infraestructura de las obras en general", explicó Loutaif.
El productor maderero puso el énfasis en que, de aplicarse lo acordado, la consecuencia directa es el beneficio para la producción de madera en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia y, simultáneamente, una inyección económica general para la región.
Este convenio, que se firmó en noviembre de 2014, es un viejo reclamo del sector que busca reactivar la actividad jaqueada por la baja demanda. El objetivo es impulsar la producción local y generar fuentes de trabajo. Según quedó establecido, las casas que se construyan en Orán, San Martín y Rivadavia deben emplear madera nativa y cultivada en suelo salteño, como es el caso de la morera, lapacho, cebil, eucaliptus y cedro fundamentalmente. De esta forma, los aserraderos oranenses al igual que los de los otros departamentos que tienen en la producción forestal una genuina fuente de ingresos, se convertirían en proveedores de tirantes, alfajías, machimbres, listones y aberturas, entre otros componentes.
Incumplimiento
"El convenio firmado hace casi nueve meses con el Gobierno, no se cumplió, ya que las empresas constructoras no respetaron el acta acuerdo", explicó Loutaif.
Los miembros de la institución y de la cámara que tiene sede en Tartagal vienen pidiendo desde hace tiempo la implementación de una política de compre salteño, que dé valor a la capacidad forestoindustrial de la provincia. "Queremos que se use madera nativa en la obra pública, porque además es garantía de calidad", agregó el empresario.
Los representantes del sector maderero coincidieron con los funcionarios provinciales en la necesidad de realizar un cruce de información para mantener actualizados los datos sobre el cumplimiento del convenio en todos sus aspectos, con el objetivo de que tanto desde el Centro de Obrajeros del Norte como de las empresas constructoras, se efectúen las solicitudes de materiales y entregas de productos en tiempo y forma, con la previsibilidad necesaria para una adecuada coordinación y posibilidades de tener las cantidades solicitadas.
"Esta medida apunta a paliar la difícil situación que está viviendo el sector maderero en el norte y favorecer la economía regional", reiteró Loutaif, quien compartió la reunión con el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Baltasar Saravia y el titular del IPV, Marcelo Ferraris, productores madereros y representantes de Aproficsa.
El acuerdo
Loutaif sostiene que el sector forestal está en condiciones de asumir la demanda para aberturas, tirantería y cielorrasos para techos, bajo mesadas, placares y otros elementos propios de la edificación. En el acta acuerdo firmada "también nos comprometimos a proveer árboles para cada una de las casas que se construyan a través del IPV, con el objetivo de conservar un medio ambiente equilibrado y armonioso, y en un marco de cultura ambiental", agregó el empresario.
Acuerdo y control
A partir de la firma del convenio entre cámaras empresarias de la madera y las constructoras con el IPV, el organismo adecuó los pliegos de licitaciones a la norma que establece el uso del 25% de madera nativa. "Desde el acuerdo, las constructoras tienen en claro que deben usar madera salteña. Al mismo tiempo, informamos a los madereros sobre todas las obras adjudicadas y ellos certificarán la procedencia y calidad", explicó Marcelo Ferraris, titular del IPV. Los productores piden que las empresas les avisen con tiempo para preparar el stock, mientras Ferraris aseguró que "se controlará el cumplimiento del porcentaje de madera establecido tanto como la calidad de esos productos".
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